DF Tax | Royalty minero, pacto fiscal y transparencia

Paula Madariaga y Rodrigo Ropert

El royalty minero, establecido mediante la Ley N° 21.591 recientemente publicada en el Diario Oficial, y cuya aplicación se iniciará a partir del 1 de enero de 2024, implicaría una recaudación de aproximadamente US$ 1.350 millones. Es destacable que de la recaudación total, US$ 450 millones se distribuirán en tres fondos, que buscan fortalecer el desarrollo de las regiones y comunas del país, especialmente de las zonas mineras.

Lo anterior constituye una excepción al principio de no afectación de los tributos, actualmente consagrado en la Constitución y que constituye parte de los pilares que deben informar un sistema tributario moderno, de acuerdo con el reciente pacto fiscal anunciado por el gobierno. Conforme con este principio, los tributos deben ingresar al erario nacional y, por tanto, no pueden destinarse a un fin determinado.

“El royalty minero es una buena noticia que generará nuevos recursos en beneficio de las comunidades afectadas. Como contrapartida, esta inversión deberá realizarse con transparencia y eficiencia para alcanzar los fines propuestos”.

De los US$ 450 millones a recaudar, US$ 225 millones irán a un Fondo para la Productividad y el Desarrollo que administrarán con autonomía los Gobiernos Regionales. Del total mencionado, US$ 55 millones irán a un Fondo de Comunas Mineras, que tengan faenas directamente relacionadas con dicha actividad, como por ejemplo, refinerías, fundiciones, yacimientos, relaves y puertos que puedan generar impactos significativos sobre la salud de la población. Con lo anterior, se busca compensar externalidades negativas de la minería, principalmente asociadas a los impactos ambientales, estimándose que el beneficio alcanzará a 32 comunas, con efecto sobre cerca de 2 millones de personas, lo que justificaría la excepción al principio de no afectación.

Por otra parte, los US$ 170 millones restantes, se destinarán a un Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial para las comunas mas vulnerables del país. Se espera que tales fondos lleguen a aproximadamente 30 comunas, beneficiando a cerca de 11 millones de personas.

Junto con los nuevos recursos que generará la minería a través del royalty, resulta esencial establecer un régimen claro de responsabilidades de las autoridades regionales y comunales beneficiarias, a través de mecanismos de rendición de cuentas y transparencia que garanticen una asignación y uso eficiente de los ingresos en proyectos que sean de utilidad para la población. Recientemente, el traspaso irregular de fondos públicos a fundaciones demuestra la importancia de fortalecer estos mecanismos. Este principio de transparencia también está establecido en el pacto fiscal, por lo que para su aplicación será necesario monitorear la fiscalización que deba realizarse a la utilización de los recursos recaudados por la vía tributaria.

En definitiva, si bien el royalty minero constituye una excepción al principio de no afectación de los tributos, es una buena noticia que se generarán nuevos recursos en beneficio de las comunidades afectadas. Como contrapartida, esta inversión deberá realizarse con transparencia y eficiencia para alcanzar los fines propuestos.