La creciente tensión fiscal

Rodrigo Aravena

Un artículo publicado en Bloomberg la semana pasada se titulaba "World´s most generous emerging market extends pandemic aid" (traducido como "el país más generoso del mundo amplía la ayuda en esta pandemia"), haciendo referencia a la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que anunció el Gobierno de Chile. Esta medida, si bien resultaba esperable, vino acompañada de una serie de análisis y discusiones locales, incluida una editorial publicada en este medio el jueves recién pasado.

Más allá de temas puntuales, como los montos involucrados y la temporalidad de los subsidios, debemos estar conscientes de que esta medida marca un hito en diversas dimensiones, los cuales justifican un análisis y, al mismo tiempo, preocupación especial sobre la sostenibilidad de las arcas fiscales. Me referiré a tres de ellas.

En primer lugar, la extensión del IFE será determinante para que el déficit fiscal se acerque al 10% del PIB (aún mayor en términos estructurales). Ello no deja de llamar la atención, dado el mayor crecimiento, el alza en el precio del cobre y la mayor movilidad gracias a las mejores condiciones sanitarias. Lo concreto es que Chile completaría un estímulo fiscal de casi 20 puntos del PIB, trayendo consigo un inédito aumento del gasto cercano a 30% y terminando de posicionarnos como uno de los países que ha destinado más recursos en esta pandemia. A nivel regional, Chile sería la única economía que aumentaría el déficit fiscal en relación a 2020.

Un segundo factor es que este año prácticamente se agotarían las reservas fiscales. Dado que el gasto ha crecido muy por sobre los ingresos los últimos años (principalmente en esta pandemia), el Gobierno ha tenido que recurrir a diversas fuentes de financiamiento, entre ellas los fondos soberanos. De esta manera, se estima que el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) podría terminar el año con una cifra no muy superior a los US$ 1.000 millones, lo cual representa menos de 0,5% del PIB. Para tener una noción del cambio en la posición fiscal, hace solo cuatro años representaban 5,2 puntos del producto, es decir, 10 veces más en términos proporcionales. Así, Chile deja de tener aquella posición fiscal que tanto lo diferenciaba a nivel global.

Un tercer punto es que estas medidas, si bien fueron necesarias para enfrentar la pandemia, están lejos de ser gratis: debemos estar conscientes de que los costos no solo son presentes, sino además intergeneracionales (más aún al considerar el efecto de los retiros de los fondos de pensiones). La situación fiscal no es algo que sólo deba recibir atención de los técnicos, ya que tiene efectos reales en el bienestar de las personas. Una deuda que no sea sostenible en el tiempo no sólo generaría desafíos en materia de ingresos tributarios, sino además dificultaría el rol de la política monetaria (y con ello la estabilidad macro), presionaría las tasas de interés e incluso el tipo de cambio y la inflación.

Pese a que aún Chile tiene una deuda inferior a sus pares, es muy probable que esta se pueda empinar a niveles de 50% del PIB en un futuro cercano, y también sabemos que niveles superiores a esa cifra pueden generar efectos negativos de mediano plazo. Así, pensando en el escenario post pandemia, no cabe duda de que tendremos el desafío de ajustar el gasto, con fin de reconstruir el ancla fiscal y los fundamentos macro que nos permitan seguir aspirando al desarrollo.