Regulación integral de la biodiversidad
Rodrigo Benítez: El gobierno de Bachelet ingresó el proyecto de ley sobre
El gobierno de Bachelet ingresó el proyecto de ley sobre biodiversidad y áreas protegidas para dar cumplimiento a uno de los compromisos asumidos para los primeros cien días. Para ello, retiró el proyecto presentado el año 2011 sobre la misma materia. Sin duda, es un avance poder discutir en el Congreso sobre este tema, que desde siempre ha estado regulado de manera poco eficiente, careciendo el Estado de una visión integral y de instrumentos adecuados para la conservación dentro o fuera de las áreas protegidas.
Sin embargo, el proyecto, presentado hace unos días, no es sustancialmente distinto al proyecto del año 2011 y a la indicación que se trabajó durante el 2011 y 2012 con los asesores de los senadores. Se mantiene la estructura y elementos relevantes, lo que es significativo porque implica que en esta materia hay acuerdos básicos que permiten progresar en una discusión legislativa seria para la protección de nuestro patrimonio natural.
Los tópicos que debieran abordarse en la discusión tienen relación con la categorización de los tipos de áreas protegidas. Esta nueva versión del proyecto redefine algunos conceptos sobre la materia y lejos de entregar lineamientos para determinar el tipo de actividades posibles de desarrollar, pareciera que mantiene la situación de incertidumbre que vivimos actualmente, dejando nuevamente la decisión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ello traerá nuevos conflictos y mantendrá la judicialización de proyectos.
Se pueden ver, de todos modos, avances interesantes como el establecimiento de instrumentos económicos, entre los cuales destacan los bancos de compensación. Este tema ha sido estudiado en los últimos años por el Ministerio del Medio Ambiente y, sin duda, permite avanzar con una mirada más técnica en el desarrollo de proyectos.
Lo que falta ahora es un consenso político respecto de la importancia de la biodiversidad en un país que vive de sus recursos naturales. Dos fuerzas se encontrarán en el Congreso: una que tenderá a defender las competencias sectoriales y otra que se inclinará a endurecer las regulaciones, optando por una preservación de los ecosistemas, más que por un desarrollo sustentable. Esperamos que ello no ocurra y que esta vez, la madurez cívica que la materia requiere impere en la discusión parlamentaria para poder tener mayor visión de Estado en la gestión para la conservación de la biodiversidad.