Reforma tributaria y defensa del contribuyente

AMORY HEINE y FRANCISCA ESPINOZA

El Mensaje de la última reforma tributaria señala que: “ella pretende atender las causas que han impedido la construcción de acuerdos en esta materia... mayor simplicidad para el pago de impuestos y mayor asistencia al contribuyente”.

No obstante, se proponen medidas que fortalecen al SII, pero que debilitan la Justicia Tributaria, específicamente las facultades de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (“TTA”), encareciendo el acceso a ellos, y todo bajo una especie de “velo antielusivo” que revela una desconfianza institucional en el contribuyente, lo cual atenta contra el principio de buena fe y mina la relación con la autoridad tributaria y los principios que el propio Mensaje destaca.

“El contribuyente se verá obligado a justificarse y explicarse de manera constante, lo que lo hará incurrir en mayores gastos que aseguren su debido derecho a defensa, fruto de una desconfianza institucional hacia quien paga impuestos”.

Entre otras medidas, se propone: una declaración administrativa de abuso o simulación por parte del SII (reemplazando la acción que puede iniciar hoy ante los TTA, y que a la fecha no hay registros públicos de haberse interpuesto); un plazo especial de prescripción de seis años, que se cuenta desde el último de los actos que el SII podría declarar elusivos; la exclusión de acuerdo y de la facultad de conciliación en juicio de reclamo tributario respecto de la declaración de elusión; el cambio del rol del SII respecto de la solicitud de información bancaria del contribuyente, que ahora ya no se solicitaría a un juez, sino que directamente al banco respectivo y que sería el contribuyente quien debería oponerse judicialmente, si quiere y puede; la nueva definición de relación y presunción del SII de haberse actuado conjuntamente respecto de otros contribuyentes o como unidad económica; o, bien, la generalización y fiscalización unificada que involucre a todos los contribuyentes de un grupo.

El contribuyente se verá obligado a justificarse y explicarse de manera constante, lo que lo hará incurrir en mayores gastos que aseguren su debido derecho a defensa. Ante el SII se vivirán verdaderas batallas, en las cuales se deberán desplegar todos los esfuerzos por lograr acreditar ante el SII la veracidad de las declaraciones efectuadas. Ello constituye una mala señal para nuestro sistema tributario, lejos del cumplimiento y de la prevención de la elusión y evasión, y se radica en actuaciones ex post, que promueven un clima de poca cooperación con el Fisco.

Con este tipo de medidas, el contribuyente se verá obligado a incurrir en gastos en asesores especializados para defenderse en juicios tributarios con la acumulación de intereses, reajustes y la incertidumbre que ello implica, además del desgaste sostenido en el tiempo que duran juicios de este tipo.

Finalmente, sería útil conocer las apreciaciones de nuestra Defensoría del Contribuyente, creada en 2020, y que a la fecha no ha sido posible ver en acción, de modo de ofrecerle a los contribuyentes, a lo menos, una señal de que sus derechos estarán resguardados en la práctica y no solo en la teoría.