Poco tiempo ha transcurrido desde que la propuesta original de reforma se presentara en abril pasado en el Congreso. Muchos economistas sostenían que el proyecto propuesto no representaba una reforma, sino que un simple ajuste tributario.
Por su parte, tributaristas reconocidos manifestaban fuera de la discusión lingüística -reforma o ajuste tributario- que la propuesta constituía el proyecto de normas antielusivas más grande presentado desde el año 1984, instauración del actual sistema tributario.
Dentro de los principales ajustes antielusivos propuestos en el proyecto de reforma original, se encontraban la derogación de los retiros en exceso, limitaciones a la reinversión de utilidades, regulaciones a las devoluciones de capital, endurecimiento en el tratamiento tributario de los gastos rechazados y reordenamiento en las normas de tasación. En síntesis, un proyecto robusto para enfrentar de mejor forma figuras elusivas, otorgando mayores herramientas de fiscalización al Servicio de Impuestos Internos.
Luego de la discusión política, lobby desde diversos sectores, críticas públicas muchas veces realizadas sin conocimiento técnico ni experimental sobre las materias tratadas, se presenta una versión menor del proyecto original, retirando normas tales como la derogación de los retiros en exceso, regulaciones a las devoluciones de capital, limitaciones a la reinversión de utilidades y modificando el endurecimiento de los gastos rechazados, entre otros.
Aunque se indica que el nuevo proyecto presentado implica una mayor recaudación que el original, no se profundiza en él por qué, ni se justifica la presentación de un disminuido nuevo proyecto de ley.
Una conclusión, aunque nociva para el país, es que la discusión política dañó al proyecto con las normas antielusivas más profundas presentadas desde el inicio del actual sistema tributario. Si bien éstas no representaban todo lo requerido para otorgar el máximo de equidad en los tributos según los libros, podían considerarse seriamente como un avance para un sistema tributario más equitativo, con menos erosiones respecto a la recaudación y con mayor sentido de justicia respecto de los contribuyentes más pequeños.