DF Tax | Reforma tributaria: ¿cambio estructural o más de lo mismo?

Bárbara Neyra

A raíz de los diálogos sociales desarrollados para la elaboración de un nuevo pacto fiscal, ha sido posible apreciar las distintas visiones que los técnicos, actores económicos y diversas asociaciones poseen respecto a qué debe comprender esta nueva reforma.

Al respecto, todos los partícipes están de acuerdo que los pilares o principios sobre los que debe construirse un sistema tributario son la simplicidad, justicia y equidad, existiendo actualmente graves falencias en todos éstos.

“Una duda que surge al analizar cómo han impactado las últimas reformas, es si llegó la hora de realizar cambios estructurales o, bien, mantener el sistema actual y realizar “retoques” que puedan generar una mayor recaudación”.

Ahora bien, considerando las reformas instauradas en los últimos 12 años, así como el análisis de datos, es posible concluir que todas las reformas implementadas han mantenido la recaudación fiscal histórica, sin que se aprecien mayores variaciones.

De esta manera, una primera duda que surge al analizar cómo han impactado a nivel de recaudación las últimas reformas es si llegó la hora de realizar cambios estructurales (desintegración del sistema, modificaciones a los impuestos personales u otras medidas) o bien mantener el sistema actual y realizar “retoques” que puedan generar una mayor recaudación.

Donde sí existe consenso entre los diversos actores es la distorsión en el componente de recaudación que presenta Chile en comparación al resto de los países de la OCDE, donde nuestra principal fuente de recaudación está dada a nivel de impuestos indirectos (IVA) en lugar de impuestos personales. La gran duda que surge es qué medidas, considerando el contexto socioeconómico actual, pueden ser implementadas para corregir esta distorsión y cambiar la base de recaudación de nuestro sistema.

Al respecto, se han presentado diversas propuestas, siendo una de las más radicales una eventual desintegración del sistema. En caso de aplicarse esta propuesta, que considera un  cambio estructural a nuestro sistema, se deberá realizar una revisión de los convenios de doble tributación que deberán ser objeto de modificación y el impacto que esto podría generar a nivel recaudatorio.

Respecto a cómo implementar la desintegración, las propuestas presentadas consideran diversos mecanismos, como incorporación de dividendos, sin crédito, a la base imponible de Impuesto Global Complementario, previa modificación de los tramos intermedios para que la carga total no exceda de 44,45%, o bien aplicación de impuesto único al dividendo o retiro de utilidades.

Adicionalmente, se han presentado propuestas que consideran mantener el sistema integrado actual, pero introduciendo modificaciones a nivel de tramos intermedios de Impuesto Global Complementario, de forma tal de reducir tramos y/o modificar las tasas aplicables a los tramos intermedios.

Otras propuestas, que también deberán ser analizadas, consideran eliminación de exenciones, tales como eliminación del tramo exento en enajenación de inmuebles, eliminación de impuesto único a ganancias de capital asociadas al mercado de capitales, eliminación de rentas presuntas y eliminación de franquicias tributarias zonales; además de revisar la aplicación de impuesto al diese, tabaco y bebidas alcohólicas.

Por otra parte, además de la definición de incorporación de cambios estructurales o bien mantener el sistema actual introduciendo modificaciones que permitan reducir las distorsiones que presenta el actual sistema, el gobierno debe ponderar elementos adicionales a los meramente técnicos, considerando mecanismos eficientes de control y fiscalización, ampliación del ejercicio de la acción penal en materia tributaria, mayor intercambio y acceso a información por parte del Servicio de Impuestos Internos y foco en educación financiera y tributaria, para eliminar o reducir de esta forma la elusión y evasión actualmente existente.

Además, en el diálogo actual es necesario incorporar por parte del gobierno elementos de transparencia en el uso de recursos fiscales, y reducción de gastos públicos innecesarios, lo que conlleva además a realizar una revisión profunda a la ley de presupuesto actual, que desincentiva la eficiencia en el uso de recursos públicos. Este punto, de vital importancia, no sólo implica una mejor gestión en el uso de recursos, sino que permite a los contribuyentes entender en qué se gastan sus impuestos y qué contraprestaciones puede recibir a cambio por parte del Estado, contraprestaciones que actualmente sólo benefician a una parte de la población.

Finalmente, cualquier propuesta que sea presentada deberá considerar, por una parte, el actual proceso constituyente, que incorpora modificaciones a nivel de gestión de recursos de las diversas regiones, lo que necesariamente impactará en la forma y uso que se dará a los fondos recaudados mediante impuestos y; por la otra, el actual escenario económico, con altas tasas de inflación y bajas expectativas de crecimiento en el mediano y corto plazo.

La tarea es compleja y requiere un análisis detallado y en profundidad para decidir no sólo las medidas tributarias que se implementarán, sino cómo estas podrán verse afectadas por una eventual nueva Constitución, y el impacto que tendrá en crecimiento e inversión bajo el actual escenario económico.