Rodrigo Egaña
El camino seguido por Chile para modernizar su Estado ha sido relativamente exitoso. Los rankings internacionales, incluidos los de la OCDE, nos dicen que contamos con un Estado eficiente en relación a su tamaño y que en términos de transparencia, calidad y efectividad de su gestión está en los primeros lugares de la región. Sin embargo, sabemos también que resta mucho por avanzar.
La Ley del Nuevo Trato Laboral, que el 2003 creó al Servicio Civil, fue un avance significativo al introducir el desarrollo de la gestión estratégica de personas en el Estado; sin embargo, claramente se requieren nuevos diseños institucionales para que organizaciones, funcionarios y funcionarias, puedan responder de mejor forma a una gestión pública mucho más compleja. Precisamente, el programa de gobierno de la presidenta Bachelet se hace cargo de esta necesidad y traza un camino, a través de diversas propuestas, para avanzar hacia un Estado al servicio de los ciudadanos y que actúa con eficiencia ante los desafíos del desarrollo: nueva institucionalidad para evaluar las políticas públicas, nuevo trato para el empleo público, perfeccionamiento de la ADP, agenda digital, profundización de la probidad y la transparencia, mejoramiento del gobierno de empresas públicas y una institucionalidad confiable y de alto estándar técnico para las estadísticas.
En efecto, es ineludible dotar a nuestro Estado de las condiciones y estructuras necesarias para que responda, apropiadamente, a la demanda por mayores niveles de bienestar y la entrega de servicios de calidad y en tiempo oportuno. En esta encrucijada, la administración pública y el empleo público son un factor preponderante.
El programa de gobierno establece la necesidad de avanzar en diseños institucionales en temas como negociación colectiva, mayores grados de estabilidad de los cargos a contrata, retiro en condiciones dignas y otros aspectos, que ya se están trabajando en una Mesa entre la ANEF, Ministerio de Hacienda y Ministerio del Trabajo, en la que participa el Servicio Civil.
Como institución nuestro rol debe ser -cada vez más- el de un articulador y promotor de políticas de gestión de personas para atraer, en base al mérito, al mejor talento a la función pública, para impulsar sistemas de evaluación del desempeño justos y útiles para la gestión, para el estudio de la información en ámbitos de la gestión de personas y para la promoción de prácticas laborales que permitan mejorar la calidad de vida de los trabajadores públicos. Queremos aportar a la construcción de un servicio civil, en que la función pública se sustenta en principios como la excelencia, el compromiso, la probidad y la transparencia.