Reforma al sistema político, una oportunidad decisiva

MACARENA LETELIER

La ciudadanía espera de sus autoridades actos razonables, conformes al derecho y, en lo posible, previsibles. Esto no solo es una aspiración romántica, sino que resguarda la democracia, asegura la gobernabilidad y, frente a la actuación de la administración, se traduce en lo que en derecho público conocemos como el principio de confianza legítima. Si bien el desarrollo del tema se ha dado en este ámbito, ¿podemos resguardar este principio frente a los órganos colegisladores?

Hoy, existe una urgencia reconocida por la gran mayoría de los sectores: reformar el sistema político. Más de 20 partidos representados en el Congreso, 25 creados y una decena en formación no se condice con el número de personas que se sienten identificadas con dichos proyectos. El porcentaje de militantes es menor al 4% del padrón electoral y la fragmentación del poder trae consigo inestabilidad, falta de acuerdos y una alta desconfianza hacia la política.

“El desafío es avanzar con incumbentes que probablemente condicionen sus votos, en una época electoral y de personalismos que sobrepasan la mirada colectiva”.

Los dos procesos constituyentes, y el trabajo de comisiones ad hoc de diferentes sectores, han concluido sobre la necesidad de emprender cambios básicos al sistema. Entre estos, el umbral para el reconocimiento legal de los partidos, la pérdida del escaño para quien renuncia a su colectividad y fijar las elecciones parlamentarias para la segunda vuelta presidencial. Así, parece razonable y previsible un cambio en el sistema, como lo anunciara el Presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública, al mandatar al ministro de Segpres, Álvaro Elizalde, a buscar un acuerdo para esta reforma, lo que ya había anunciado en Enade.

Los anuncios de la máxima autoridad del país importan y sobre todo condicionan la confianza, tanto dentro del país como fuera, entre quienes miran a Chile como un polo de inversión. Las personas adoptan decisiones de toda índole confiando en la estabilidad de las resoluciones del Estado en su concepto amplio, global, lo que incluye la labor de los parlamentarios aun cuando muchas decisiones puedan afectarlos a ellos.

Así, la confianza legítima se expresa en la necesidad de los ciudadanos de sentirse respaldados por la certeza del derecho y en el deber de la autoridad de actuar de manera previsible cuando los diagnósticos son claros y compartidos. En este caso hay una decisión del Ejecutivo de avanzar y un apoyo real que abre una ventana de oportunidad para que la reforma al sistema político se haga realidad.

El desafío ahora es avanzar con incumbentes que, lo más probable es que condicionen votos muy necesarios para otros proyectos, en época electoral y de personalismos que pasan por sobre una mirada colectiva. El país requiere y se merece fortalecer las confianzas quebrantadas que, por una parte, hacen muy difícil la gobernabilidad de quien esté en el poder, sea de la coalición que sea; y, por la otra, poco o nada ayuda al desarrollo y crecimiento de una nación que requiere certezas, acuerdos, estabilidad y confianza.