¿Qué reforma tributaria?

Luis Felipe Lagos M.

Si el Gobierno desea aprobar un proyecto de reforma tributaria, requerirá un acuerdo político-técnico sobre la carga y respecto del tipo de impuesto que se quiere modificar. El acuerdo o pacto debe ser verdadero, no una mera consulta para terminar en un texto que refleja solo los intereses oficiales de una mayor recaudación.

Intentar recaudar 4,1% del PIB es inalcanzable, más aún, un despropósito, en una economía con caídas en la inversión y en recesión. La magnitud de la reforma debe estar acorde con el mayor gasto que se desea financiar, considerando una reasignación de este; control de la informalidad para combatir la evasión y modernización del Estado. Tratar de igualar la recaudación a PIB a la media de los países ricos, o un país en particular, no es lo pertinente.

“Los impuestos que más frenan el empleo y crecimiento son el corporativo y al ingreso de las personas. Chile ha ido en esa dirección equivocada, elevando el impuesto corporativo de 17% a 27%, lo que redujo el crecimiento y generó descontento”.

Un indicador de la ineficiencia del gasto fiscal es la persistencia en el tiempo de programas que son sistemáticamente mal evaluados, y el nulo efecto que tienen las transferencias sobre la distribución del ingreso, cosa que no ocurre en otros países donde estas, no los impuestos, son el principal instrumento para reducir la desigualdad de ingresos.

Todos los impuestos son distorsionadores, salvo el impuesto por cabeza que no existe en ningún país, en la medida que afectan las decisiones de ahorrar, invertir, trabajar y acumular capital humano.

Investigaciones de la OCDE (Arnold, 2008) y el FMI (“Tax Policy for Inclusive Growth in Latin America”, 2021), han encontrado que los impuestos más distorsionadores, que más frenan el empleo y crecimiento, son el impuesto corporativo y al ingreso de las personas (capital y trabajo). Pues bien, Chile ha caminado en esa dirección, elevando el impuesto corporativo de 17% a 27% (un 59%) en los últimos años. Los resultados están a la vista: se redujo drásticamente el crecimiento, generando descontento en la población.

La reforma propuesta pretende seguir en esta senda, manteniendo la tasa en 27%, salvo que la empresa invierta en I+D contratando servicios de un proveedor local -lo que es un contrasentido, dado el carácter internacional de la tecnología-, en cuyo caso se reduce a 25%; y aplicando una tasa adicional a las utilidades retenidas en empresas de renta pasiva, un claro castigo al ahorro.

La evidencia también muestra que los mecanismos de depreciación instantánea permanente permiten recuperar el costo de la inversión y logran que los países sean más competitivos tributariamente. Chile se ubicaba en los últimos lugares del ranking de competitividad tributaria de la Tax Foundation en 2019, antes de adoptar las medidas transitorias por el Covid.

¿Volveremos a ese lugar una vez eliminados los incentivos transitorios?

Dado que el aumento del gasto público, incluso siendo este productivo -esto es, en educación, salud, seguridad, transporte e infraestructura-, se financia con un incremento en impuestos distorsionadores, como son los impuestos a los ingresos del trabajo y al capital (dividendos, ganancias de capital y a la riqueza), es probable que el efecto neto sea negativo en el crecimiento de largo plazo, de acuerdo a la evidencia internacional (Gemmel et al. 2011).

No podemos seguir copiando ideas fracasadas, como el impuesto a la riqueza que va en retirada, o desintegrar nuestro sistema tributario, cuando en varios países desarrollados se ha recomendado justamente su adopción.

Esta propuesta tributaria olvida completamente que en el pasado los recursos para bienes sociales han provenido en un 80% del crecimiento, no de reformas tributarias.