Proyecto Google: Cuando el error judicial ahuyenta la inversión

El martes pasado, el Tribunal Ambiental de Santiago (2TA) anuló la resolución de calificación ambiental del proyecto “Cerrillos Data Center” (RCA), cuyo titular es la gigante tecnológica norteamericana Google. Los centros de datos alcanzan altas temperaturas, utilizan mucha electricidad y —hasta ahora— también agua para enfriarse. Estas características son esenciales para comprender los impactos ambientales de este proyecto, o la falta de ellos, y la decisión de la justicia especializada.

En síntesis, el 2TA ordenó una nueva evaluación que —aunque acotada en cuanto a los impactos del proyecto en el Acuífero Santiago Central— tuviera en consideración el cambio climático y la vulnerabilidad de dicho curso de agua frente a la extracción de agua destinada a enfriar el centro de datos. Esta reflexión crítica sobre el fallo se centra en consideraciones de derecho ambiental, que de algún modo permiten reflexionar sobre el diseño institucional aplicable a los proyectos de inversión, cuya importancia para la creación de empleo y para el erario no puede seguir soslayándose.

“Incluso si la política acordara reformas que desburocraticen la evaluación de proyectos de inversión y profesionalicen el Estado, todos los esfuerzos serán en vano si no se restablece la confianza de los agentes del mercado en las resoluciones de calificación ambiental”.

La decisión es cuestionable porque el 2TA desconoció la reformulación del proyecto para reducir sus impactos y, además, porque incorporó el cambio climático como variable relevante de la evaluación. Concretamente, Google modificó su proyecto en 2022 para disminuir su temperatura sin utilizar agua del Acuífero Santiago Central, efectuando inversiones adicionales, a la entera satisfacción del Servicio de Evaluación Ambiental. Esta reformulación fue implementada a través de una consulta de pertinencia, cuya eficacia fue desconocida por el 2TA, empeorando así la incertidumbre que rodea a los proyectos de inversión.

Entre el inicio de la evaluación del proyecto de Google y su revés judicial transcurrieron ya cuatro años, siete meses y siete días. Ahora el afectado tendrá que elegir entre cumplir lo ordenado en forma rápida, recurrir de casación ante la Corte Suprema (decisión que le impedirá llevar a cabo su centro de datos por los próximos dos años), o derechamente desistirse de su decisión e invertir en otro lado.

Este caso ilustra una parte significativa de los problemas que enfrentan los proyectos de inversión en el país, que requieren de un sí definitivo o de un no temprano. Hoy el escenario no puede ser peor: los inversionistas deben convivir con un no tardío y con un sí inestable (e igualmente tardío). Incluso si la política acordara reformas que desburocraticen la evaluación de proyectos de inversión y profesionalicen el Estado, todos los esfuerzos serán en vano si no se restablece la confianza de los agentes del mercado en las resoluciones de calificación ambiental.

Sin un sí definitivo y temprano será difícil lograr que los inversionistas elijan nuestro país por sobre nuestros vecinos. Lograr lo anterior será difícil sin reformular el sistema de solución de controversias entre el Estado y los particulares.