Propiedad intelectual y Tratado TPP

Juan Pablo Egaña

A raíz de la reciente visita de la presidenta Bachelet a EEUU y en relación al TPP pudo constatarse una vez más como la propiedad intelectual pasa a ser un punto de controversia entre ambos países y es llamativo escuchar la cantidad de especulaciones que se vocean sin ton ni son respecto de las posibles implicancias perniciosas que su aceptación conllevaría, especialmente en el área farmacéutica.

En efecto, aun concediendo que las normas del TPP se han manejado con sigilo y que no existe una versión oficial de sus disposiciones, lo que de ellas se ha filtrado indica que más que nuevas instituciones el capítulo de propiedad intelectual del tratado contempla una actualización de normas ya vigentes en Chile, por ejemplo las relativas a productos farmacéuticos o regulados y de protección de sus datos de prueba, mismas que se pactaron en el TLC con EEUU hace ya 10 años. De esta manera, y sin desconocer que la propiedad intelectual confiere derechos exclusivos que deben ser cuidadosamente consagrados en la legislación de modo de asegurar un adecuado balance de intereses, parece exagerado que a priori se condene cualquier actualización de normas que regulan instituciones y derechos de propiedad intelectual reconocidos hace largo tiempo, máxime cuando no existe evidencia de que éstos hayan sido fuente de abusos en nuestro país.

Es cierto que la actualización que se propone en el TPP tiende a mejorar los niveles de protección que estas instituciones actualmente brindan, pero resulta incuestionable que aparte de los contrapesos que el mismo TPP contempla, la normativa de propiedad intelectual vigente ya establece un completo sistema de excepciones que parecen suficientes para prevenir cualquier abuso. De entre éstas tal vez la más potente es la de licencias obligatorias que permitirían, ante un hipotético abuso, forzar al titular de una patente farmacéutica o de datos prueba, a autorizar su utilización bajo un precio de mercado fijado por la autoridad competente. No obstante, a la fecha en Chile nunca siquiera se ha solicitado una de estas licencias.

Por otra parte, tampoco existe ninguna evidencia de que los precios de los medicamentos hayan subido como consecuencia de la aprobación del TLC y la implementación de sus normas sobre patentes y productos regulados; luego, es improbable que ello ocurra como consecuencia de su actualización.

Paradójico entonces es que la autoridad esté más preocupada de paralizar el progreso natural de una normativa que debe evolucionar en consonancia con los grados de sofisticación técnico y comercial a los que el país aspira, supuestamente para evitar los eventuales abusos en que puedan incurrir los titulares de propiedad industrial e intelectual con el régimen mejorado que el TPP propone, antes que, precisamente, proteger mejor a esos titulares cuyos derechos si son violentados frecuentemente.