Productividad, internet y gestión del Estado

RENATO JIJENA

Amplia cobertura se ha dado al avance de un informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (la CNEP), en el marco de una investigación mandatada por el Gobierno en 2022 referida a la “productividad en el sector de las Telecomunicaciones”. Ella constata un rezago en el uso productivo de Internet, tema no menor para un país con los más altos estándares de conectividad.

A la espera de los antecedentes para evaluar la idoneidad de lo concluido, deben atenderse las sugerencias formuladas sobre “falencias institucionales”, en especial cuando Chile está inmerso en un proceso de creación de “Agencias Gubernamentales” en reemplazo de las tradicionales Superintendencias.

“¿Cuánto contribuirán a aumentar la productividad la existencia de una Agencia de Protección de Datos, de una Agencia de Ciberseguridad o una Agencia de Gobierno Electrónico?”

¿Cuánto contribuirán a aumentar la productividad la existencia de una Agencia de Protección de Datos, de una Agencia de Ciberseguridad o (como se sugiere ahora) una Agencia de Gobierno Electrónico con potestades regulatorias y fiscalizadoras? Si la idea de dotarlas de autonomía y facultades normativas serían características comunes, la norma administrativa sólo lo permite restrictivamente para órganos como la Aduana y el Servicio de Impuestos Internos y por rol fiscalizador. Por cierto, la viabilidad de las dos primeras, más que por elementos productivos de la sociedad, obedece a la tutela de Derechos Fundamentales (protección de datos y ciberseguridad).

El riesgo de no analizar proyectos concretos es operar con una idea burocrática de lo que debe ser el aparato estatal. La CNEP analiza la gestión del Estado y considera su incidencia en una mejora en el acceso a Internet, porque el 89 % de los trámites del gobierno central serían digitales. Pero si el objetivo es “productividad”, debería considerarse lo masificador que fueron desde 1999 las declaraciones de impuestos online y luego la factura electrónica impulsadas por el SII, declarada obligatoria por una norma legal.

Aludir a falencias institucionales para potenciar el uso de TICs, sugiriendo crear un nuevo servicio con potestades regulatorias para fijar estándares y gestionar plataformas, aparece extremo, pero se debe considerar la necesidad de certeza y la estabilidad jurídica que sólo conceden el freno del legislador y del Derecho Público.

Un ejemplo de un mercado creciente y donde puede haber productividad con el Estado, siempre que existan normas legales y restrictivas claras, es el cloud computing. Para la computación en la nube, la falta de ley permite que una norma administrativa habilite que toda la data personal de los cuentacorrentistas de la banca opere en servidores deslocalizados fuera de Chile, carencia que también permitió que la plataforma de compras públicas tratara toda la información de sus proveedores en servidores al parecer instalados en Colombia y fuera afectada.

Ley de Derecho Público, pero idónea, no como la que –mal fundamentada por la administración anterior- permitió la fijación de plazos y exigencias incumplibles para los nuevos procedimientos administrativos electrónicos.