Presupuesto y políticas públicas: la consistencia importa

Marcela Ruiz-Tagle O.

El recién presentado proyecto de ley de presupuesto público 2023 aborda el contexto recesivo aumentando el gasto social (IFE laboral, gastos en seguridad y fortalecimiento del empleo público), cuyo efecto es en el corto plazo; mitiga la caída de la inversión privada con un aumento de la inversión en infraestructura pública, con incidencia en el mediano plazo, dado que su desarrollo requiere de etapas previas; y asigna recursos en materia de diversificación productiva para impulsar un crecimiento sostenible en el largo plazo. Adicionalmente cumple el compromiso de dar autonomía presupuestaria a los gobiernos regionales.

Dada la coyuntura en la cual nos encontramos, ¿es lo único que se puede hacer para incidir en el crecimiento? La respuesta es no. Existen decisiones que no involucran recursos adicionales, pero requieren de un Estado que actúe de manera consistente en materia de políticas públicas. Ejemplos de ello han estado en discusión en el último tiempo, uno relacionado con las políticas de comercio internacional y el otro con la política energética.

“Las políticas públicas consistentes generan un círculo virtuoso. Son un marco de acción que da certezas y fluidez para las decisiones de inversión privadas. Podemos hacer más”.

En el primer caso, se trata de la expansión de las oportunidades de crecimiento y empleo para algunas regiones del país, debido a rebajas arancelarias en sectores tradicionalmente protegidos por los países que integran el tratado denominado TPP11. Así ocurre con productos agrícolas de las regiones de la zona central que podrían exportarse a Japón; las carnes y lácteos de las regiones de Los Ríos y Los Lagos cuyo destino potencial sería Canadá; los productos del mar de Chiloé y Aysén con miras a insertarse en el mercado de Vietnam; o los vinos y piscos producidos en las regiones del Maule y Coquimbo, con potencial de demanda en Malasia, por nombrar algunos.

El segundo caso se relaciona con los compromisos de desarrollo sostenible, en particular en el ámbito climático. Chile se comprometió a alcanzar la carbono neutralidad hacia 2050; lideró la COP25 y se prepara para exponer en la COP27 los avances y políticas públicas desarrolladas para fomentar la transición energética, en la que destaca el hidrógeno verde. Por ello, causó inquietud el retiro del sistema de evaluación ambiental del proyecto Faro del Sur en Magallanes, el primero de al menos quince iniciativas similares que se están gestando en la región austral.

Si bien es usual que este tipo de proyectos esté sujeto a observaciones a subsanar, debiese ser responsabilidad del Estado definir las líneas base y estándares a utilizar para la evaluación y mitigación de impactos ambientales, así como a nivel regional contar con una estrategia de planificación territorial que permita la incorporación eficiente de nuevas actividades, más aún si en su conjunto cambiarán la estructura y escala productiva de la región y del país.

Contar con políticas públicas consistentes genera un círculo virtuoso. Son un marco de acción que otorga certezas y fluidez para las decisiones de inversión privadas, lo que a su vez debiera retroalimentar las necesidades de inversión pública pertinentes y oportunas para el desarrollo sostenible de los territorios.