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Alto contrastePor qué no nos quieren
Las demandas sociales reclamadas en el último tiempo superan por mucho las posibilidades...
Las demandas sociales reclamadas en el último tiempo superan por mucho las posibilidades de cualquier Estado de darle respuesta satisfactoria, aún más en el caso chileno, producto del estado en que se encuentra nuestro desarrollo económico y social, la desigualdad existente y la presión por resolver rápido y en forma simultánea todas las demandas en salud, educación, vivienda e incluso entretención.
Esta imposibilidad sigue existiendo aun cuando el Estado gaste más y mejor, como lo hemos señalado en otras columnas. Sin duda, el aparato público tiene la obligación de ser lo más eficiente posible y cortar todos los gastos cuyo costo supera los beneficios sociales.
Naturalmente ello no es fácil, porque en ciertos casos podría ser conveniente eliminar programas completos; sin embargo, es necesario hacerlo. Además, es preciso gastar más, porque cálculos muy simples respecto a lo que sí es necesario hacer en el corto y mediano plazo, nos indican que sólo con ajustes de gasto y mayor eficiencia, no es posible enfrentar con un mínimo de satisfacción social los requerimientos en los sectores ya señalados.
Por eso cuando se dice que antes de plantear una reforma tributaria se debe ajustar el gasto público y se debe señalar para qué se quieren los recursos adicionales, se está señalando en forma casi tautológica una obviedad. Sin duda se debe ser más eficaz en el gasto público, pero si miramos las necesidades que tiene el país, tanto desde el punto de vista de equidad, protección social, como respecto al propio crecimiento económico; nos encontramos con tremendos desafíos económicos en calidad de la educación, acceso a esa educación de calidad, atención en salud de acuerdo a la nueva realidad demográfica del país, vivienda, oportunidades de empleo para hombres y mujeres, etc.
Quienes hemos participado en política económica sabemos las dificultades que existen para disminuir gastos públicos superfluos, para aumentar programas públicos con impacto, para cubrir los impuestos y para hacer todo eso en un contexto de presiones de los grupos afectados, particularmente de quienes se sienten perjudicados aunque su perjuicio sea muy inferior al beneficio social. Por ejemplo, hoy resulta muy poco justificable que un gran número de agricultores dentro de los sistemas de protección modernos y tecnologizados, continúen tributando por renta presunta.
Así podemos dar muchos otros ejemplos, como el fuerte incentivo de la elusión tributaria, que significa que la tasa más alta del impuesto a las personas sea de un 40%, mientras la tasa del impuesto a las utilidades de las empresas sea de un 20%.
Como se señala en el título de esta columna, hacer presente todo lo anterior es parte de la esencia misma de los economistas y, por eso, no podemos pretender que nos quieran. No obstante el escaso cariño será aún menor si no reconocemos que las decisiones sobre lo que se hace necesariamente se toman en el sistema político y que los economistas no podemos sustituir su funcionamiento.
Por lo tanto, los economistas somos intrínsecamente no queribles; a nadie le gusta que le señalen que lo que desea lograr no es posible todo al mismo tiempo y rápido. Peor aún si además pretendemos decidir sobre los objetivos últimos, porque eso es invadir territorio, porque sólo deberíamos advertir inconsistencias o consecuencias posibles. Si el sistema político se enreda, toma decisiones contradictorias entre sí, o debate sobre lo adjetivo y no sobre lo sustantivo, a los políticos los querrán aún menos que a los economistas. Ergo, es muy difícil que un economista y político sea objeto de cariño.
