Permisos e inversiones: priorizar lo urgente

CRISTIÁN ROMERO

La carga regulatoria para iniciar un proyecto en Chile es alta. Más de 300 tipos de permisos pueden requerirse en sus diversas fases, por lo que acciones de mejora regulatoria son necesarias para asegurar que los costos no superen los beneficios que justifican tal carga.

El proyecto de ley de permisos inteligentes, actualmente en tramitación en el Congreso, avanza en ese sentido: una entidad enfocada en la calidad regulatoria; mecanismos para mayor transparencia y trazabilidad y la armonización de los procedimientos aplicables, son todos elementos relevantes con un impacto potencial en el mediano plazo.

“La carga regulatoria es dinámica y periódicamente nacen obligaciones para el desarrollo de proyectos. La situación actual es compleja y, lo más probable, es que lo sea aún más en el futuro cercano”.

Sin embargo, existen aspectos específicos que es necesario abordar de manera urgente.

Para comprender el problema es necesario entender que, desde la idea inicial hasta el inicio de las operaciones, los proyectos pasan por fases secuenciales, cada una de las cuales requiere distintas autorizaciones. Las de mayor duración definen el plazo total de cada etapa, ya que no se puede avanzar a la siguiente hasta obtenerlas. Surge así la ruta crítica de un proyecto.

En consecuencia, reducir el plazo de tramitación total de un proyecto implica, en primer lugar, acotar los plazos de los permisos más extensos de cada una de las etapas que componen su ruta crítica, ya que estos condicionan la duración de sus diversas fases secuenciales.

Estos permisos, usualmente denominados críticos, corresponden a un subconjunto acotado del total de la carga regulatoria que afecta a los proyectos. Se trata de aproximadamente 30 permisos, entre los que se incluyen las concesiones marítimas y de uso oneroso, así como diversos permisos otorgados por CONAF, el Consejo de Monumentos Nacionales, la DGA y Sernageomin. Son ellos, junto a la RCA, los principales responsables de que proyectos relativamente simples requieran más de 5 años de tramitación, y que lo más complejos superen con creces los 10 años.

¿Por qué es urgente?

Porque la carga regulatoria es dinámica y periódicamente nacen obligaciones para el desarrollo de proyectos, sea desde nuevas normativas, como la implementación del acuerdo de Escazú o de la ley marco de Cambio Climático, o de nuevos escenarios para la aplicación de obligaciones ya existentes, como la ley Lafkenche, históricamente asociada al borde costero de la zona sur, pero que en los últimos años ha extendido su aplicación también al norte del país.

Ello implica que, si bien la situación actual es compleja, lo más probable es que lo sea aún más en el futuro cercano.

El consenso en la necesidad de avanzar en esta materia genera una oportunidad valiosa, por lo que existe una clara oportunidad de obtener mejoras en el corto plazo priorizando los esfuerzos, tanto a nivel legislativo, como por vía reglamentaria o con medidas de gestión, enfocados en la intervención de aquellos permisos específicos con mayor potencial de impacto en la disminución del plazo de la ruta crítica que habilita el desarrollo de proyectos en Chile.