Pensión Garantizada Universal: de las cifras al objetivo

RODRIGO GUTIÉRREZ

El Gobierno ha declarado en distintas instancias su propósito de avanzar hacia una Pensión Garantizada Universal de $ 250.000. Esta cifra se instaló en tiempos de elecciones y fue reiterada en la cuenta pública ante el Congreso y, más recientemente, en el marco de los primeros anticipos de lo que será la reforma previsional. Si bien nunca se ha dicho con precisión el momento en el que esta medida sería implementada, todo hace pensar que ello debería ocurrir al término del períiodo presidencial. Dado el contexto inflacionario actual, cabe analizar las implicancias de esta promesa.

La PGU tiene un mecanismo de reajuste por IPC que se aplica en febrero de cada año y, excepcionalmente, cuando su variación acumulada alcanza dos dígitos. Pues bien, proyectando los futuros reajustes según las perspectivas de inflación para este año y los próximos, los resultados muestran que el monto de la PGU podría llegar, sólo por este concepto, a un valor cercano a los $232.000 en febrero de 2026. Así, el Gobierno, para cumplir su promesa de campaña, debería materializar un alza de solo un 7,8% en la PGU, bastante inferior en magnitud a lo realizado en administraciones previas sobre la PBS (Bachelet2, +10% en 2017; Piñera2, +50% en 2019).

“Proponemos redefinir la PGU como una prestación que busque entregar un ingreso cierto, que no pierda su poder adquisitivo en el tiempo, y que sea suficiente para financiar los gastos por sobre la línea de la pobreza absoluta en la vejez”.

Otra cosa bien distinta es pensar la PGU en términos reales, sobre todo con los actuales niveles de inflación. Si expresamos la promesa de gobierno de $ 250.000 al valor de la UF del mes de febrero de 2022, entonces a febrero de 2026 la PGU debería alcanzar un valor aproximado de $311.000 para mantener el mismo poder adquisitivo. En este caso, el Gobierno debería impulsar un incremento de un 34% en la PGU para cumplir su promesa original, que sería bastante más significativo.

La diferencia entre ambos escenarios no es menor, quedando en evidencia que hablar en cifras nominales puede ser confuso, además de tener implicancias sobre el gasto fiscal. Un reajuste del 7,8% en la PGU en febrero de 2026 representaría aproximadamente un mayor gasto fiscal de 0,17% del PIB, mientras que con un reajuste del 34% alcanzaría un 0,72% del PIB.

Más allá de estas cifras, nos parece mejor trasladar la conversación sobre la PGU desde las promesas hacia los objetivos. Proponemos redefinir la PGU como una prestación que tenga como propósito entregar un ingreso cierto, que no pierda su poder adquisitivo en el tiempo, y que sea suficiente para financiar los gastos por sobre la línea de la pobreza absoluta individual en la vejez. Lo anterior implicaría un aumento de un 3,8% respecto del valor actual, además de incorporar un mecanismo de ajuste adicional al reajuste por inflación que garantice que esté siempre por sobre la línea de la pobreza. Asimismo, proponemos que la PGU propenda hacia la universalidad, pero siempre con exclusiones, según monto de las pensiones autofinanciadas, patrimonio y otras variables, e instalando la posibilidad de renunciar al beneficio.

Con todo, compartimos la propuesta de mejorar la PGU y creemos que es posible hacerlo, pero pensamos que debe hacerse con prudencia, pues se trata justamente de uno de aquellos casos en que no siempre más es mejor. Es importante advertir que aumentos en la PGU pueden conllevar eventuales efectos indeseados, tales como incentivos a la informalidad en el empleo o desincentivos a la cotización y al ahorro para la vejez. Asimismo, nos parece clave respetar los principios de sostenibilidad financiera y de responsabilidad fiscal, para así no defraudar las expectativas ciudadanas en el mediano y largo plazo.