Oxígeno para la salud privada

Luis Larraín

La comisión mixta de senadores y diputados acordó el texto de una “ley corta” que evite el colapso inmediato de las Isapres, que afectaría a tres millones de afiliados y causaría graves daños a la salud pública. ¿Por qué se ha llegado al límite del plazo y ha sido tan difícil concordar el texto que se vota estos días en el Senado y la Cámara? Porque las partes tienen objetivos distintos.

La izquierda quiere terminar con los seguros privados en salud y desarrolla, desde hace años, una ofensiva para lograrlo. Clave ha sido el ministro Sergio Muñoz de la tercera sala de la Corte Suprema, que ha fallado contra el texto expreso de la ley y contraviniendo el principio de efecto relativo de las sentencias -que según el artículo 3º del Código Civil sólo afectan a las partes-, para configurar una supuesta deuda de las Isapres por “cobros indebidos” que habrían hecho a sus afiliados.

“El acuerdo de ley corta condena a una muerte lenta al sector privado asegurador. Lenta, para que durante el resto del período de Boric no se produzca el colapso total, aunque el final sea inevitable”.

Otro actor fundamental ha sido el superintendente Víctor Torres, quien pese a haber validado los cobros de las Isapres como fiscalizador, se apresuró luego del fallo a calcular en una cifra de 1.500 millones de dólares la “deuda” de las Isapres, monto que implica la quiebra del sistema y que excede en 500 millones cálculos sobre los efectos del fallo de una comisión de expertos nominada por el Senado y de un estudio de la FEN de la Universidad de Chile.

El Congreso, con mayoría de izquierda, toleró la intromisión de otro poder, el Judicial, que ha modificado las leyes que rigen a las Isapres. Ello, sin atender al riesgo que implica para la salud de las personas, que parece ser lo menos importante para muchos. El Gobierno, cuyo programa contenía la eliminación de las Isapres, ha dejado hacer para obtenerla con mano mora, hasta que uno de los pocos adultos en la sala los convenció de que la quiebra sería una catástrofe política para Gabriel Boric.

La industria ha cumplido con la regulación. Sus faltas han sido no defenderse con vigor de acusaciones falsas y no cautelar la reputación del sistema con una mayor fidelización de sus clientes que, sin entender los elementos técnicos de un problema complejo, han comprado con facilidad la afirmación del juez Muñoz de que les han realizado cobros excesivos.

La derecha había sido tibia hasta ahora en defender un sistema privado de salud, dado el anatema que existía sobre las Isapres, pero ha decidido actuar al percatarse del riesgo para la salud de tres millones de afiliados que quedarían mal atendidos, y especialmente de 150.000 enfermos graves que podrían morir en el escenario de un colapso. El liderazgo de los senadores Sergio Gahona y Javier Macaya ha sido importante para lograr un acuerdo que evite este colapso.

Cabe celebrarlo, porque han salvado vidas, aunque no el futuro de la industria aseguradora privada cuyo horizonte de vida no va más allá de tres años según señalan distintos expertos, lo que no es extraño si consideramos que se les ha atribuido una deuda cercana a treinta años de utilidades.

El adulto en la sala de La Moneda parece ser el ganador: el acuerdo condena a una muerte lenta al sector privado asegurador. Lenta, para que durante el resto del período de Boric no se produzca el colapso total, aunque el final sea inevitable y los supuestos beneficiados por esta suerte de “retiro” ideado por Muñoz y Torres terminarán perjudicados. Por eso, la línea defendida en la negociación final por la izquierda fue no rebajar ni un peso de la “deuda” inventada, pese a que había cálculos de expertos que así lo prescribían.