Opacidad fiscal

MarcelaRuiz-Tagle O.

El Ministerio de Hacienda dio a conocer la actualización de las proyecciones macroeconómicas y fiscales para el año en curso y su evolución esperada en el mediano plazo, en el Informe de Finanzas Públicas al segundo trimestre del año. En esta ocasión, los menores ingresos tributarios reportados implicaron un ajuste a la baja en la estimación de los ingresos fiscales y una disminución del gasto del Gobierno Central comprometido, de forma de mantener sin variación las metas vigentes para los balances efectivo y estructural.

Lo anterior evidencia la vulnerabilidad fiscal prevaleciente para el período 2025-2028, pero además nos lleva a cuestionarnos respecto al gasto potencial susceptible de disminuir, en un contexto en el que se deberá cumplir con las exigencias que impondrá la nueva Ley que Promueve la Responsabilidad y Transparencia en la Gestión Financiera.

“El último Informe de Finanzas Públicas evidencia la vulnerabilidad fiscal del período 2025-2028 y abre cuestionamientos sobre el gasto potencial que podría disminuirse”.

Entre los nuevos requerimientos legales se establece que la Dipres deberá informar respecto a la eficiencia del gasto público, tanto en lo referido a los resultados de las evaluaciones de programas como a la planificación estratégica de las instituciones estatales. Sin embargo, no le exige vincular dichos resultados con el término de programas. Más aún, se desconoce si los programas vigentes, independiente de su evaluación, están desplazando la ejecución de gasto público que debiera ser considerado permanente. En este ámbito, sorprende que, a pesar del esfuerzo realizado en incrementar la inversión en infraestructura, la cual permite al Estado cumplir con la obligación de proveer bienes y servicios públicos, no exista transparencia respecto al gasto en mantención de esta, el cual debiera ser considerado en dicha categoría.

A modo de ejemplo, durante 2023 la inversión pública ejecutada -aquella comprendida en los ítems 29, 31 y 33 de la Ley de Presupuestos- alcanzó a US$ 10.173 millones, equivalente al 3% del PIB. El Ministerio de Obras Públicas es el responsable directo de ejecutar aproximadamente un tercio de ésta. Al desglosar esta cifra, se aprecia que en torno al 40% de su presupuesto de inversión corresponde a glosas relativas a mantención de infraestructura, primordialmente de la red vial. Sin embargo, no existe transparencia respecto a la planificación de la fiscalización de su estado, ni de los criterios aplicados para establecer la periodicidad y montos efectivamente requeridos para mantener y prolongar la vida útil de los activos.

La situación se vuelve más opaca en ministerios como Salud y Educación, en los cuales no resulta evidente que se destinen recursos a la mantención de la infraestructura y equipamiento de hospitales y establecimientos educacionales, sino inversiones asociadas a la necesidad de reemplazo o mejoras por caducidad de los estándares existentes. De hecho, solo la infraestructura concesionada cuenta con exigencias contractuales de mantención. Por ello, vale la pena cuestionarse si se encuentran imputados efectivamente, en las categorías que corresponde, todos los gastos que el Estado debiera proveer, pues esto podría afectar el cumplimiento de las metas fiscales comprometidas.