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Alto contraste
Sergio Lehmann
Es importante entender que los errores se pagan, de una u otra forma. De manera más general, si uno mismo no lo hace, al final la sociedad se hace cargo del costo de un servicio o producto consumido, así como de las consecuencias de nuestras acciones. There is no free lunch dice el popular dicho en inglés. En esa línea, la Dirección de Presupuestos ha cometido gruesos errores en la estimación de ingresos fiscales, cuestión que vamos a terminar pagando todos.
Como bien sabemos, el déficit fiscal efectivo en 2024 llegó a 2,9% del Producto Interno Bruto (PIB), casi el doble de lo que se había proyectado en el cálculo presupuestario de ese año. Si bien se ha buscado fortalecer los equipos técnicos de Hacienda, de manera de mejorar los modelos de proyección y minimizar errores, el impacto de tamaño desvío es relevante y conlleva costos.
“La Dirección de Presupuestos ha cometido gruesos errores en la estimación de ingresos fiscales, cuestión que vamos a terminar pagando todos”.
El primer efecto no deseado, y que ha levantado una fuerte controversia, es el traspaso de recursos de Corfo por US$ 3.500 millones a la Hacienda Pública. Si bien puede tener una racionalidad contable esta operación, para evitar aumentar aún más la deuda pública, lo cierto es que debilita la acción de la Corfo, principal brazo del Estado para apoyar a las pymes, la innovación y transferencia tecnológica hacia las empresas. Por consiguiente, el objetivo de elevar la productividad del país, un dolor que se prolonga por décadas, se debilita marcadamente. La evidencia empírica nos muestra que la productividad se correlaciona positivamente con los recursos que se destinan a investigación y desarrollo (I+D), diseño en el que Corfo es clave en el financiamiento. Históricamente Chile ha destinado solo cerca de 0,4% del PIB a I+D, un décimo de lo que se reconoce en países desarrollados. Tenemos ahí una enorme deuda que seguimos postergando.
El premio por riesgo soberano de Chile se ha mantenido relativamente estable durante las últimas semanas, en torno a 60 pb. Esto significa que a un bono soberano chileno se le exige 0,6% retorno extra, respecto a un bono del Tesoro de Estados Unidos. En comparación con otras economías emergentes es un premio bajo, pero que podría verse presionado al alza a causa de las cuentas públicas menos ordenadas. Para evitar ese escenario debemos ser más exigentes en cuidar el gasto fiscal. De otra manera, las tasas de interés serán más altas, elevando los costos de financiamiento y afectando la dinámica de crecimiento.
De acuerdo al Consejo Fiscal Autónomo, el gasto público presupuestado para este año debe reducirse en 0,5%, equivalente a cerca de US$ 1.500 millones, de forma de alcanzar una meta de déficit fiscal de 1,7% del PIB en el año.
En Bci Estudios somos algo más negativos, previendo que el ajuste debe ser de 0,8%. De no hacerlo, estimamos que el déficit fiscal 2025 llegará a 2,4% del PIB. Detrás de ello se reconoce un crecimiento más moderado de lo estimado por Hacienda, además de una menor sensibilidad de los ingresos fiscales al crecimiento económico.
Ello exige priorizar mejor los gastos y recortar recursos mal utilizados. La tarea es urgente. Por cierto, las clasificadoras internacionales de riesgo estarán atentas a los pasos que dé la autoridad, dispuestas a reducir nuestra nota crediticia si es que no se hacen correcciones.
