Mejor institucionalidad para agilizar los permisos

SUSANA JIMÉNEZ

Existe un dolor transversal que se repite en cada encuentro empresarial, dentro y fuera de Chile: la engorrosa permisología que pesa sobre el desarrollo de proyectos de inversión, generando plazos extensos, altos costos y una preocupante falta de certeza jurídica. Esto cobra especial relevancia cuando observamos un bajo crecimiento económico y una alarmante evolución de la inversión, que cayó 6,1% en el primer trimestre del año.

El escenario no es más auspicioso cuando vemos que en Chile son cerca de 30 las entidades involucradas en el otorgamiento de más de 400 permisos para la inversión. Así, una explotación minera puede demorar 8 años en la tramitación de permisos y para construir y operar una desaladora se pueden necesitar hasta 11 años. Y, luego, los proyectos pueden, además, ser reclamados administrativamente y, después, judicialmente.

“En aras de lograr un buen acuerdo, se debe proponer una estructura que concentre experiencia, capacidad de injerencia y dedicación exclusiva, sin importar mayor gasto”.

El Gobierno y el Senado acordaron un fast track económico que incluye 4 proyectos de ley que abordan el tema: el que reestructura el sistema de otorgamiento de permisos sectoriales; el que modifica el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; y otros dos proyectos que se hacen cargo de dos cuellos de botella específicos, como son el Consejo de Monumentos Nacionales y las Concesiones Marítimas.

El proyecto de permisos sectoriales, que ha estado más presente en la discusión, pretende centralizar la supervigilancia de los tiempos de tramitación en una agencia estatal, alivianar el proceso de entrega de algunos permisos al transformarlos en declaraciones juradas, regular el silencio administrativo y reducir la discrecionalidad en el requerimiento de información de la autoridad a un titular del proyecto, entre otras disposiciones. La evaluación del sector empresarial sobre esta iniciativa es positiva y considerada urgente, sin perjuicio de que existen importantes aspectos a mejorar en la gestión pública de la tramitación de permisos sectoriales que no requieren de cambios legales.

En el mundo político también pareciera existir bastante consenso, pero hay un aspecto que traba su avance: la creación de un nuevo servicio público encargado de acelerar los tiempos de tramitación de proyectos de inversión, promover la coordinación y cooperación entre los órganos de la administración del Estado y el perfeccionamiento progresivo de la normativa. Las dudas no se relacionan con la importancia de este rol, sino que existen legítimas aprensiones de que esto pueda generar más burocracia, duplicidad de funciones y mayor gasto público.

En este contexto y en aras de lograr un buen acuerdo, se debe proponer una estructura que concentre experiencia, capacidad de injerencia y dedicación exclusiva, sin importar mayor gasto. En particular, se podría dejar bajo el alero de la Oficina de Grandes Proyectos (OGP) a los funcionarios que apoyan este desarrollo en los ministerios de Economía, Minería y Energía, sin aumentar la dotación; mantener a su cargo la administración de un sistema SUPER potenciado, que termine de digitalizar los casi 400 permisos sectoriales y pueda publicar la tramitación en tiempo real, de manera transparente, pública y comparable para presionar a los servicios rezagados; y permitir a la OGP proponer cambios normativos y regulatorios a través de la futura Agencia de Calidad de Políticas Públicas. Una gobernanza que involucre un comité de ministros encabezado por el titular de Economía y la consagración de esta estructura y funciones a nivel legal permitiría cumplir con todos los objetivos buscados.