Pandemia y futuro de la regla fiscal

Mauricio Villena

El esfuerzo fiscal del Gobierno para paliar los efectos de la pandemia no tiene precedentes en la historia económica reciente del país. Para ponerlo en perspectiva, comparemos el impulso fiscal de 2009, durante la crisis financiera global, con el de 2020 y lo que va de 2021.

Más que fijarse en las fuentes de financiamiento, que pueden ser una combinación de deuda y transferencias desde los fondos soberanos al Tesoro Público, lo importante al evaluar el impulso fiscal de un año es el gasto público total de dichas operaciones. Mientras en 2009 este alcanzó los US$ 11.750 millones (US$ 14.571 millones, en dólares de 2021), en 2020 llegó a los US$ 23.716 millones (US$ 24.059 millones, en dólares de 2021) y para 2021 ya se proyectan US$ 17.770 millones (sin incluir el acuerdo de mínimos comunes). Al mirar la evolución de los gastos sobre los ingresos del Gobierno Central, en 2009 los primeros superaron a los últimos en 22,8%; para 2020, lo hicieron en cerca de 36,7%. Esto implicó que la deuda bruta alcanzara 32,5% del PIB en 2020 y que para 2025 ya se proyecte en 40%, lo que nos retrotraería a niveles de deuda de 1990.

¿Cómo asegurar en este contexto la sostenibilidad fiscal de mediano plazo? Gracias a la regla de Balance Estructural, que rige desde 2001, el país ha acumulado recursos en los fondos soberanos, promoviendo un tipo de cambio competitivo y un bajo spread soberano, que permite solventar apoyos sociales en crisis como esta. Pero es muy probable que esta regla no sea adecuada para el futuro pospandemia; aunque ha favorecido una política fiscal contra-cíclica, es claro que ya no funciona: vamos a cumplir nueve años consecutivos de déficits efectivos y seis de déficit estructurales sin alcanzar el balance.

Blanchard, Leandro y Zettelmeyer (2021) plantean abandonar las reglas fiscales basadas en un valor numérico para la razón deuda-PIB y/o déficits, en favor de estándares fiscales, definidos como prescripciones cualitativas que dejan margen para un proceso en que instituciones independientes, no políticas, evalúen si se cumplen los estándares y la sostenibilidad fiscal. Así, proponen dar un mayor rol a los consejos fiscales independientes, como el CFA chileno, además de establecer un órgano judicial para dirimir conflictos.

Esta recomendación es específica para la Unión Europea, pero según los autores cualquier regla fiscal construida en torno a techos de deuda y/o déficits es un indicador extremadamente pobre de sostenibilidad, pues esta depende también de los saldos primarios futuros, tipos de interés y crecimiento económico. Dada esta complejidad, estos autores plantean que es una ilusión pensar que las reglas fiscales puedan ser sencillas y peor aún tampoco creen que puedan ser lo suficientemente complejas como para dar cabida a la mayoría de las contingencias relevantes.

Este debate actual debe enriquecer nuestra discusión sobre el futuro de la política fiscal post pandemia, sobre todo en una coyuntura donde el populismo político aparece como una amenaza concreta para el país.