¿Explica el “public choice” lo que pasa en la política?

Mauricio Villena

Chile enfrenta importantes elecciones en los próximos dos meses, incluyendo la Presidencia de la República. Las propuestas de algunas candidaturas han generado gran ansiedad e incertidumbre, y han sido tildadas como irracionales, populistas o contrarias al progreso del país: ejemplo son los retiros de los ahorros previsionales, a todas luces regresivos y dañinos en un contexto de importantes presiones inflacionarias y bajas pensiones.

¿Cómo entender el comportamiento de los políticos chilenos? Y más importante aún, ¿cómo predecir el comportamiento de los votantes en las próximas semanas?

Un enfoque interesante para abordar estas preguntas es el de la escuela de la elección pública o "public choice". Una obra clásica de esta teoría, "The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy" (1962), de los economistas James M. Buchanan y Gordon Tullock, plantea que las autoridades toman decisiones políticas buscando su beneficio personal y no necesariamente el bien común. Así como en los mercados los individuos buscan maximizar su beneficio económico, en política actúan en base a su interés propio. En el "public choice" el interés propio económico es la fuerza motriz de la política, tanto para los políticos como para los votantes: estos últimos votarán al candidato que crean que les va a brindar el mayor beneficio económico.

Esta visión rompió con los modelos anteriores, que asumían que los funcionarios de gobierno actuaban como servidores benevolentes, a favor del mejor interés de los electores. Buchanan, cuyo trabajo le mereció el Nobel de Ciencias Económicas en 1986, planteó que el "public choice" ve "la política sin romanticismo": según él, muchas de las promesas en política pretenden parecer preocupadas por el interés de la sociedad, pero esconden segundas intenciones egoístas. Así, las decisiones tanto de políticos como de votantes rara vez buscan ayudar a otro que a quien toma la decisión.

Buchanan y Tullock argumentan que los comportamientos de votantes y políticos podrían ser fácilmente predecibles. Obviamente, pensar que la teoría económica por sí sola puede predecir acertadamente las decisiones políticas puede ser extremo, pero considerar los incentivos económicos de los actores políticos sí puede ayudarnos a explicar muchos comportamientos.

La clase política chilena –con una las dietas parlamentarias más altas de Sudamérica– tiene un fuerte incentivo para promover cualquier iniciativa popular, sin importar las consecuencias de mediano y largo plazo. El premio es demasiado grande. Por el lado del votante, si bien es cierto elegirá a quienes crea que le van a brindar mayor beneficio económico, también privilegiará a aquellos políticos que causen menor daño a su bienestar, no sólo en el corto plazo, sino también a mediano y largo plazo. Esto último puede explicar el importante giro en las encuestas, en medio de una notable alza de la inflación y tasas de interés de los créditos hipotecarios, junto a una rauda huida de capitales e inversionistas.

Ante ello, sería esperable un cambio en las conductas de los políticos chilenos: ¿serán racionales?