Crisis de cumplimiento fiscal

Mauricio Villena

La Dirección de Presupuestos (Dipres) ha sobreestimado significativamente los ingresos efectivos para 2023 y 2024, con alta probabilidad de repetirse en 2025, lo que permitió un gasto fiscal más expansivo del que habría sido posible, según las metas de balance estructural. Como resultado, se incumplirá la meta de déficit estructural de -1,9% del PIB en 2024, proyectándose un -2,3% (US$ 1.170 millones adicionales).
La menor recaudación ha obligado al Gobierno a retirar fondos del FEES, reduciéndolo de 1,9% del PIB en 2023 a 1,1% en 2024, muy por debajo del 5% a 7% recomendado por el FMI, y a incrementar la deuda bruta hasta un 41,2% del PIB en 2024, un alza de US$ 15.068 millones respecto a 2023. Todo esto ocurre sin una crisis interna o externa que justifique el deterioro de las cuentas fiscales.

Diversos errores de estimación han intensificado las críticas a la Dipres. ¿Cómo garantizar que los Gobiernos cumplan sus compromisos de finanzas públicas?

Ante esta situación y otros errores de estimación, como el de recaudación por repatriación de capitales, se han intensificado las críticas a la Dipres desde diversos sectores técnicos y políticos. Esto plantea una pregunta clave: ¿cómo garantizar que los Gobiernos cumplan sus compromisos de finanzas públicas?
Las economías avanzadas cuentan con reglas fiscales, marcos de gasto a medio plazo y su cumplimiento es supervisado por un organismo fiscal independiente. En Chile, contamos con una regla dual: una meta operativa de corto plazo, basada en el Balance Estructural, y una medida de sostenibilidad de largo plazo, que define un nivel prudente de deuda bruta estimado en 45% del PIB. Además, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) evalúa y monitorea los cálculos de ajuste cíclico de ingresos, proyecciones fiscales y cumplimiento de las reglas, proponiendo medidas correctivas en caso de desviaciones.
En economías emergentes, son frecuentes los mecanismos formales de enforcement de las metas fiscales, diseñados para responsabilizar a los gobiernos. Estos dispositivos incluyen correcciones automáticas para compensar desviaciones en el presupuesto, activadores preventivos que ajustan la política fiscal ante niveles de deuda cercanos a los límites, cláusulas de escape restrictivas y bien definidas exante e, incluso, sanciones formales, que suelen formar parte de las leyes de responsabilidad fiscal.
Para el nivel de desarrollo de Chile y su sólida institucionalidad fiscal, resulta clave fortalecer la transparencia fiscal y comprometer a las autoridades políticas a respetar las metas, y que sean los ciudadanos a través de su voto en las urnas los que castiguen comportamientos poco responsables en esta materia. El éxito de la política fiscal requiere voluntad política y un fuerte compromiso con el equilibrio y las metas presupuestarias. Sería un gran avance que los candidatos presidenciales se comprometan con una política de déficit cero durante su período y no que lo comprometan para gobiernos futuros. Aunque ambiciosa, esta meta enviaría una señal clara, con beneficios potenciales como mayor inversión, reducción de la inflación, mayor consumo y bienestar para la población.