Los rostros detrás del estancamiento

El lunes pasado, el SEA de Antofagasta terminó anticipadamente la evaluación del proyecto Central de Bombeo Paposo, de almacenamiento, generación y transporte de energía renovable no convencional de hasta 800 MW, con una inversión de US$ 1.400 millones, debido a la supuesta omisión de una comunidad indígena no reconocida por la Corporación de Desarrollo Indígena. Sin embargo, tal término unilateral requiere del pronunciamiento previo de todos los organismos que forman parte de la evaluación ambiental, cuestión que no ocurrió.

“En la conducta del Ministerio del Medio Ambiente destaca su tardanza en implementar el reglamento de la ley sobre plásticos de un solo uso, y también de los relacionados con la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas”.

Un tiempo atrás, el SEA también llamó la atención de la opinión pública tras conocerse su exigua dotación funcionaria para evaluar el más ambicioso proyecto de producción y exportación de amoníaco verde del país, cuya inversión bordea los US$ 11.000 millones.

Y antes de eso rechazó la renovación de un proyecto existente de extracción de caliche en el norte del país, a cuyo titular se le negó su resolución de calificación ambiental favorable a raíz de una supuesta incompatibilidad territorial. A juicio de la autoridad evaluadora, un instrumento de planificación territorial, de una jerarquía muy inferior a la de una ley, podría prohibir sin más una actividad tan importante para el país como la minería, soslayando las disposiciones expresas del Código de Minería.

En relación con la conducta del MMA, destaca negativamente su tardanza en la implementación de leyes importantes, como el reglamento de ejecución de la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso o los reglamentos requeridos por la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (por ejemplo, áreas degradadas o aquel que regula el Comité Científico Asesor).

La falta de operatividad de la última ley no detuvo a los funcionarios del MMA, quienes no dudaron en impartir instrucciones a organismos que no dependen de ellos para paralizar ilegalmente el otorgamiento de concesiones de acuicultura, pese al expreso texto en contrario de la normativa. Esta actividad aporta 2,1% del PIB del país (o, dicho de otro modo, genera valor agregado por US$ 5.282 millones).

En todos los casos analizados se advierten negligencias manifiestas, que evidencian el déficit de capital humano avanzado del Estado de Chile. Esta circunstancia solo puede agravar la gestión de dos académicas muy destacadas en su ámbito, pero cuyo desempeño deja mucho que desear gestionando reparticiones públicas tan determinantes para la reactivación económica del país como el SEA y el MMA.