Los riesgos del déficit de vivienda

MARCELA RUIZ-TAGLE O.

En las últimas semanas hemos visto cómo los ministros de Estado han intentado contener la pérdida de confianza de la ciudadanía, en un contexto de deterioro progresivo de la economía. ´

Sin duda el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, es uno de los con mayor experiencia en el gabinete y sobre sus hombros tiene la responsabilidad de implementar el denominado plan de emergencia habitacional, que compromete la entrega de 260.000 viviendas a familias de sectores vulnerables en cuatro años. Sin embargo, esta cifra representa menos del 45% de la necesidad total estimada, postergando la solución global del problema, lo cual conlleva riesgos adicionales que él mismo reconoce, como la presencia de grupos delictuales en tomas y campamentos, y el consecuente deterioro de la seguridad pública.

“Resulta difícil comprender que no se complemente el plan de emergencia en curso de acuerdo con la real dimensión de la urgencia”.

Tiene razón el ministro al argumentar que no se cuenta con los recursos públicos para enfrentar el déficit en completitud. Si consideramos el derecho a la vivienda adecuada recientemente aprobado, abordar el déficit habitacional existente requeriría de recursos equivalentes, aproximadamente, al 9% del PIB. Sin considerar que una vez que los derechos fundamentales sean exigibles se requerirán recursos adicionales para regenarar el stock de vivienda social existente y revertir los déficits de ciudad.

También tiene razón respecto de la necesidad de diversificar la oferta de vivienda; con todo, llama la atención que entre las alternativas considere la provisión de vivienda generada a nivel municipal, por empresas para sus trabajadores y construcción pública directa a través de los Serviu, todas las cuales se podrían entender como experiencias “piloto” que no permiten enfrentar la magnitud de los requerimientos habitacionales en el corto plazo.

¿Qué pasa con la participación del resto del mercado? La experiencia internacional evidencia que ante necesidades habitacionales masivas y restricciones presupuestarias, los países han impulsado una oferta de vivienda pública en arriendo financiada a través de asociaciones público-privadas, bajo un marco regulatorio con definiciones de estándares de calidad de servicio, precio y transparencia, que conlleva derechos y responsabilidades penales. Impulsar esta alternativa permitiría abordar en magnitud, tiempo y oportunidad los requerimientos habitacionales, conteniendo las expectativas ciudadanas, regenerando y resguardando los territorios, disminuyendo la presión sobre el financiamiento público y, en régimen, siendo un amortiguador de fluctuaciones de precios de arriendo a consecuencia de alzas inesperadas en la demanda por vivienda.

Los actores con experiencia para implementar esta solución existen. De hecho, las asociaciones público-privadas pueden ser la forma de honrar la promesa del Estado de proveer derechos fundamentales como ciudad, vivienda, educación y salud, y al mismo tiempo cumplir con el financiamiento de estos derechos sin vulnerar el principio de sostenibilidad y responsabilidad fiscal.

Como bien expresa el ministro, si las emergencias no se resuelven hay consecuencias. Por lo que resulta de difícil comprensión que no se complemente el plan de emergencia en curso de acuerdo con la real dimensión de la urgencia.