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Alto contrasteCuando entré a estudiar economía en la Universidad Católica, era joven e idealista. Como la mayoría de mis compañeros, no sabía bien de qué se trataba esta profesión. Creía que con mi futura carrera podría ayudar a superar la pobreza. Eran tiempos en que ser economista era prestigioso. Aún no habían descalificado nuestras ideas con el apelativo de “economicistas”.
Desde mis primeras clases de Introducción a la Economía, el brillante profesor Eduardo García D’Acuña me marcó para siempre. Nos explicó que la economía trata de cómo el ser humano usa sus escasos recursos para satisfacer sus múltiples necesidades. También nos dijo que esta disciplina aborda el cómo la sociedad debe establecer reglas del juego claras y precisas, que permitan un uso eficiente de los recursos. Y también de cómo la ineficiencia es un derroche que perjudica a la sociedad en su conjunto, particularmente a los más pobres.
De él creo que escuché por primera vez la expresión clave del análisis económico: “No hay almuerzo gratis”. En otras palabras, siempre hay un costo; siempre alguien paga la cuenta. Nos enseñaron en la Escuela que ante un problema, un buen economista debe hacer lo posible por determinar razonablemente los costos y los beneficios involucrados. Más aún, nos enseñaron que esos costos y beneficios no son sólo monetarios, sino también morales, espirituales o de cualquier otro concepto valorado por la humanidad.
Los economistas no tomamos las decisiones; asesoramos y presentamos opciones a quienes tienen la pesada responsabilidad política de los eventuales costos y beneficios derivados de la elección de cada alternativa. Así, un político u otro tomador de decisiones responsable, elegirá sobre una base técnica, posiblemente imperfecta, pero superior a la simple corazonada. Ahora bien, esos elementos técnicos no obligan a tomar la decisión que representa el mayor beneficio respecto a los costos. Puede haber otras razones válidas que excedan la capacidad o el ámbito del economista. Es justamente aquí donde reside la clave del político responsable, dado que esas razones deben explicarse claramente.
Cuando los costos de una decisión exceden sus beneficios, el país es más pobre. Alguien paga esa cuenta y, casi siempre, son los más pobres. Nuestra historia es generosa en cuanto a ejemplos de esto.
El político responsable debe explicar por qué apoya una decisión que según el análisis técnico hará más pobre al país. En un país con tanta pobreza, las explicaciones deben ser contundentes y fundadas. Pero, este enfoque parece que ofende a muchos. Pareciera que no les gusta que se calcule el beneficio o costo neto de las alternativas. Se descalifica el análisis técnico con el mote de “economicista”.
Si Googleamos la palabra “economicista”, la respuesta es sorprendente: encontramos unos 388.000 resultados con el término. Y, ¿de qué forma se usa? Una primera mirada nos muestra que casi siempre es descalificatoria. Ejemplos: un experto en política indígena, “El mal llamado “conflicto mapuche” es abordado por el gobierno desde una concepción conservadora y economicista”; un columnista respecto de eliminar algunos tribunales tributarios: “Juzgar la ... reforma ... bajo criterios sólo economicistas, nos parece un error”.
Ninguno de los enfoques anti “economicista” propone un método alternativo de evaluación racional de sus ideas, como si bastaran las palabras altisonantes, los tonos ofendidos y, en ocasiones, prepotentes.
Pensé que la expresión economicista era un invento para descalificarnos a los economistas. Pero, para complementar este análisis, recurrrí al diccionario de la RAE, encontrándome con una sorprendente definición: el adjetivo existe con un interesante significado: “Que analiza los fenómenos sociales haciendo primar los factores económicos”. Y bien, ¿para los economistas, qué son esos factores?
Bueno, precisamente esos elementos que sabiamente nos enseñaron nuestros profesores: estimar bien los costos y beneficios y explicarlos a quienes toman las decisiones. Si optan por un camino técnicamente inferior, tendrán sus razones, habrán calculado bien el beneficio neto de esos factores no económicos y, confiemos, no perjudicarán a las personas más frágiles.
Con todo, la Real Academia me deja tranquilo: los economistas “hemos hecho la pega”. Sigamos actuando en forma economicista y ojalá otros profesionales operen, según sea el caso, con criterios sicologistas, medicinistas, legalistas o técnicas y metodologías propias de sus respectivas disciplinas.
