Litio: un acuerdo con tintes de cartel

JANET AWAD

Una alta autoridad del Gobierno informó hace algunos días que vendrán anuncios sobre una eventual mesa de trabajo con Argentina y Bolivia con el propósito de empujar una política industrial que buscaría avanzar en la cadena de valor del litio. En informaciones de prensa recientes se profundiza que estos tres países estarían elaborando un documento para promover una suerte de “OPEP del litio” con el fin de lograr un posible acuerdo sobre el precio del mineral, del que la triada de países concentra el 65% de las reservas mundiales del mineral y el 29,5 % de la producción global.

De materializarse esta idea -que aún no ha sido desmentida por los gobiernos involucrados- estaríamos frente a los albores de un nuevo cartel. No cabe duda de que resulta tentadora la coordinación productiva con nuestros vecinos si, como pretenderían sus impulsores, el acuerdo permite fijar cuotas de producción y, por esta vía, controlar los precios a nivel internacional. Sin embargo, un acuerdo de estas características tiene múltiples complejidades.

“Un acuerdo de las características conocidas sería un gran desincentivo a la innovación y la masificación en el uso del litio”.

Salvando los naturales cuestionamientos de fondo, para que un cartel funcione es fundamental que sus integrantes respeten de manera transparente el acuerdo y eviten subvertir por vías alternativas los niveles de producción. La mayoría de estos experimentos se derrumban justamente cuando algunos socios no honran los términos mínimos fijados en ellos.

Pero más allá de los aspectos operativos, hay razones de peso asociadas al actuar íntegro y transparente que es necesario evaluar. Sería completamente inconsistente que un Gobierno que promueve el actuar competitivo de los mercados y que condena abiertamente las prácticas reñidas con la libre competencia se proponga avanzar en la suscripción de un acuerdo que no busca otra cosa que hacer un pacto con otros países para mantener los precios de un producto artificialmente altos. Sería una completa incongruencia que exista una condena -por cierto, muy necesaria- de la colusión a nivel privado, mientras en paralelo se buscan maneras de limitar la competencia a nivel de Estado.

Sin embargo, hay otro elemento que es aún más perturbador. El litio es un mineral esencial en el desarrollo de la electromovilidad, que de masificarse permitirá reducir las emisiones de CO2 a escala mundial. Vaya qué paradoja sería que un gobierno autodenominado “ecológico” estuviera negociando los términos de un acuerdo que mantendrá elevados los precios de uno de los productos que puede convertirse en el motor fundamental para un mundo más sustentable. Porque, además, un acuerdo de las características conocidas sería un gran desincentivo a la innovación y la masificación en el uso del litio.

Sin duda, es importante compartir buenas prácticas con nuestros países vecinos. Por otro lado, es fundamental que las autoridades sean ejemplares en promover mercados abiertos y competitivos y sean los primeros en condenar cualquier atisbo de obstáculo a la libre competencia. Y ciertamente esto aplica tanto para el sector privado como para el sector público.