Licitación de stock, un fetichismo inexplicable

Alejandro Charme

Es sorprendente el fetichismo que ha producido la licitación de afiliados antiguos del sistema de AFP, mal denominado licitación de stock, que pareciera vivir una existencia supraconstitucional, donde muchos no están reparando en que los derechos fundamentales priman por sobre cualquier idolatría, fanatismo o tecnicismo.

Hemos llegado a un punto similar al de los retiros previsionales. Si pasamos por alto la Constitución, pronto todos se lamentarán. En esta licitación se están omitiendo las voces de los constitucionalistas, ante el exacerbado deseo de un mecanismo que, además, presenta riesgos. Tantos, que nos llevan a una pregunta crucial: ¿tan vana es la seguridad social que debemos maquillar o disfrazar un mecanismo que no se condice con los objetivos propios de la protección social?

¿Por qué asumir todos estos riesgos si la respuesta no apunta más que a alcanzar el mismo precio que hoy ya ofrece una administradora?

La licitación propuesta no solo vulnera los derechos o garantías constitucionales a la propiedad de los fondos, a una cartera rentable y con horizonte de largo plazo, a la libre elección, a la información veraz y oportuna, y a desarrollar una actividad económica con respeto a todos los derechos que el giro de una empresa conlleva, como el desarrollo de una marca comercial y la fidelización de sus clientes. Va, incluso, más allá y logra sortear el eventual riesgo a la estabilidad del mercado de capitales, a la economía del país y, finalmente, de las familias y de cada individuo, en particular. Por último, omite el deber del Estado de garantizar de la mejor forma el derecho a la seguridad social, y lo hace promoviendo un mecanismo engorroso que no está exento de costo, y que ilusamente congela el precio por 16 años, en plena inicio de la inteligencia artificial (con una miope visión de futuro).

A simple vista, hay efectos negativos en el retorno de las inversiones. Las licitaciones serán poco competitivas por su precio uniforme, y si se diferencian los precios para los licitados de los no licitados se crean subsidios cruzados difíciles de fiscalizar. Nace, incipientemente, el riesgo que todos temen: que tras el fracaso del mecanismo, surja un ente estatal que monopolice todo, pues solo bastaría una modificación legal futura. La pregunta de fondo es por qué asumir todos estos riesgos, ¿para qué?, cuando la respuesta no es otra que para alcanzar el mismo precio que hoy ya se ofrece por una administradora y que el fetichismo no deja ver.

Frente a este escenario de fanatismo, los colegisladores -Gobierno y Congreso- tienen el deber constitucional de evaluar mecanismos alternativos a la licitación, que incentiven la competencia en rentabilidad del sector y no impliquen un potencial riesgo al retorno de las inversiones de los fondos de pensiones.

Una propuesta ya levantada es una comisión que cobre cada administradora que tenga un componente fijo y otro variable, donde no se distorsione el mercado y se premie la gestión rentable. Si nos alejamos de la idolatría y el fanatismo que han caracterizado a esta reforma podemos lograr propuestas con sustento técnico y un acuerdo político.