Ley Corta de Isapres: cuestionables indicaciones

PATRICIO FERNÁNDEZ Y LUIS CASTILLO

Hace algunos días el Gobierno ingresó indicaciones al proyecto de Ley Corta de Isapres cuyo contenido es, al menos, preocupante. Esto, porque desconocen el amplio y profundo trabajo del Comité de Expertos convocado con el fin de dar viabilidad al sistema de aseguramiento privado y de aplicar las sentencias de la Corte Suprema sobre tabla de factores.

Lamentablemente, el único aspecto que parece haberse tomado en cuenta es la obligación de cotizar el 7%, una medida que puede verse correcta a priori, pero que también corre el riesgo de desincentivar la participación de los jóvenes en el sistema privado, y que podría acelerar el consumo de los excedentes actuales, ante el riesgo de perderlos.

“Se actúa nuevamente de manera errática, incrementando la incertidumbre y poniendo en duda la viabilidad política y técnica del proyecto ley. Esta conducta podría desembocar en la promulgación de una ley ineficaz”

Por otra parte, estas indicaciones enviadas por el Ejecutivo establecen que las isapres deberán asumir la deuda de aquellos que opten por cambiar de isapre o migrar a Fondo Nacional de Salud (FONASA), sin ofrecer un mecanismo que permita a estas personas contribuir con sus cotizaciones al ingreso de la entidad que dejan.

Este enfoque unilateral omite también la crucial consideración de la mutualización de las cotizaciones, un pilar esencial para la estabilidad y sustentabilidad del sistema, que había sido propuesto en forma unánime por los expertos. La interpretación jurídica literal, segmentada y poco sistémica del fallo de la Corte Suprema por parte de las autoridades regulatorias, pone de manifiesto una falta de visión integral y de entendimiento de los fundamentos que guiaron a la Corte Suprema en su resolución, al centrarse en los considerandos del fallo sin abordar la estabilidad del sistema y evadiendo el riesgo sanitario inminente.

Se actúa nuevamente de manera errática, incrementando la incertidumbre y poniendo en duda la viabilidad política y técnica del proyecto ley. Esta conducta podría desembocar en la promulgación de una ley ineficaz, limitada únicamente a facilitar la creación fáctica del Fondo Universal de Salud, que parece ser el verdadero objetivo detrás de las acciones anunciadas.

Adicionalmente, el incremento propuesto en el gasto público para que FONASA asuma responsabilidades del seguro privado en casos de insolvencia, como la cobertura de los tratamientos GES y CAEC, ignora el actual déficit estructural del sistema público de salud y es poco creíble que exista cero impactos fiscales. Esto no sólo es insostenible, sino que también pone en riesgo la calidad y accesibilidad de la atención sanitaria para todos los chilenos.

Es imperativo que el Congreso tome en cuenta las recomendaciones de los expertos y busque una solución sistémica que asegure la viabilidad, a lo menos en el mediano plazo, del sistema de aseguramiento privado y de la salud pública en Chile. El camino hacia un sistema de salud robusto y equitativo requiere de una discusión informada, inclusiva y técnica, no de decisiones apresuradas que puedan tener consecuencias negativas.