Leopoldo López, símbolo de la represión venezolana

Han pasado más de tres años desde que el dirigente opositor Leopoldo López fue arbitrariamente detenido por el gobierno venezolano de Nicolás Maduro, siendo uno de los más de cien presos políticos que dicha administración mantiene encarcelados.

Luego de un juicio donde no se respetaron las garantías mínimas del debido proceso, López ha sido condenado por una sentencia confirmada por la Corte Suprema, controlada por el gobierno de Maduro, a una pena de trece años de prisión.

La situación de López es emblemática de lo que hoy ocurre en Venezuela, cuyo régimen vulnera sistemáticamente los derechos humanos y demuele día a día la democracia representativa, en medio del caos económico y social y una grave crisis humanitaria.

Hasta el momento la presión internacional ha sido infructuosa para obtener la liberación de López y demás presos políticos, habiendo fracasado las negociaciones entre el gobierno y la oposición auspiciadas por el Vaticano y Unasur.

Dicho fracaso hace necesaria una acción diplomática más efectiva, principalmente de los países de la región, en particular el apoyo al nuevo intento que ha anunciado el secretario general de la OEA en orden a solicitar al Consejo Permanente de dicha organización la aplicación de la Carta Democrática Interamericana.

Al haberse agotado los recursos internos en orden a obtener la liberación de Leopoldo López, además de la necesaria acción diplomática sobre Venezuela, también se abren recursos jurídicos ante el sistema internacional de derechos humanos, tanto regional como universal, por la vulneración por parte de Venezuela del derecho a la justicia en la persona de López.

Si bien, Venezuela denunció la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, siendo dicho país miembro de la OEA, cabe una reclamación en contra de dicho país por violación de la Declaración Americana de Derechos Humanos.

En el sistema universal caben los recursos ante el Consejo de Derechos Humanos y al Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Humanos y Protocolo Facultativo de dicho pacto.

Por último, la situación de López y demás presos políticos, enmarcada en un cuadro de violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos, podría configurar un crimen de lesa humanidad de conformidad al Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Todas estas acciones deben ser acompañadas por el decidido apoyo de los países de la región en concordancia con los principios de defensa de los derechos humanos y la democracia representativa en la carta de la OEA.