¿Legitimar la política comercial?

JORGE SAHD K.

Esta semana, el gobierno anunció una consulta ciudadana –no vinculante- para “legitimar” la nueva política comercial y “entregar certezas” a los actores del comercio exterior. Una consulta que buscará identificar la percepción ciudadana sobre la política comercial actual y diseñar una que sea sustentable y promueva la inclusión y equidad, según informa la Subrei.

Lo primero que llama la atención es el anuncio. Una “gran consulta ciudadana” sobre política comercial da la sensación de que, “por fin”, la sociedad podrá opinar sobre estas materias.

“Hace años existen instancias de participación, como son los consejos de la sociedad civil. Y en 2021 el 80% de consultados declaró que el libre comercio es beneficioso para el país. La legitimidad de nuestra política comercial como instrumento de desarrollo ya es bastante clara”.

Eso no es tal. Hace años existen instancias de participación como son los consejos de la sociedad civil, que reúnen a los principales actores gremiales, sociales y de la academia; los llamados “cuartos adjuntos” para informar y dar opinión sobre negociaciones en curso; además de las diversas consultas públicas, ley de lobby, etc. Incluso, algunas instancias de participación quedaron documentadas, como la “Política Exterior 2030” del gobierno de la presidenta Bachelet.

Pero el proceso en sí no es el tema de mayor atención, sino los objetivos de la consulta. Señalar que se busca “legitimar” la política comercial supone una política cuestionada en el pasado, cosa que dista de la realidad. Si bien hay grupos opositores a la inserción comercial chilena, como se ha visto en el TPP11, no son la mayoría de los chilenos, quienes valoran tener acceso a productos de mejor calidad y a un mejor precio. Según Ipsos, en 2021 el 80% declaró estar de acuerdo en considerar el libre comercio como algo beneficioso para el país.

La legitimidad de nuestra política comercial como instrumento de desarrollo es clara: Chile país líder en apertura comercial con una amplia red de tratados comerciales; tres millones de empleos directos e indirectos derivados del comercio, que explica más de mitad de nuestro PIB; internacionalización de mercados al amparo de acuerdos comerciales; prácticamente se han duplicado el número de empresas exportadoras, países de destino, y productos y servicios exportados en 30 años; etcétera. Y un activo intangible: Chile reconocido como un país serio, confiable y predecible a nivel mundial, como se vio en el suministro de vacunas provenientes de distintas latitudes.

El segundo objetivo de la consulta habla, entre otras cosas, de la sustentabilidad ecológica y de una mayor inclusión de la futura política comercial, objetivos loables. Sin embargo, estos criterios ya son prioridad en las negociaciones comerciales modernas y el propio acuerdo de modernización con la UE, pendiente de aprobación en Chile, establece los más altos estándares en la materia.

Finalmente, la comunicación oficial habla de “modernizar” la política comercial. Recién en 2018 Chile logró promulgar su ley de modernización de Cancillería y la Subrei (remplazante de la antigua Direcon) debutó sólo a mediados de 2019. Resulta apresurado hablar de modernización cuando el ente a cargo de la política comercial justamente es el resultado de una modernización reciente.

El subsecretario ha hecho bien en aclarar que el gobierno no revisará unilateralmente los tratados. También ha recurrido a experiencias positivas, como “Trade for All” de Nueva Zelanda, cuya consulta sí tuvo como guía ciertos principios de política comercial. Por lo mismo, más que un test de legitimidad, nuestra política comercial necesita acelerar a fondo para diversificar la inserción de Chile en un mundo más riesgoso e incierto.