Las Pymes, las grandes olvidadas por el “Chao Dicom”

ALEJANDRO PÉREZ y IGNACIO BUNSTER

En la discusión en torno al proyecto de ley “Chao Dicom” varios expertos han hecho ver el daño que ocasionaría al “ciudadano de a pie” este borronazo a las morosidades publicadas hasta 2,5 millones, desde el encarecimiento general del crédito -independiente del comportamiento crediticio-, hasta la probable vuelta a estos registros de muchos de los “beneficiados”, tal como pasó con el borronazo de 2012. Sobre este punto, según registros de Equifax, en 2016 sólo un 27% de los morosos borrados no había reincidido con morosidades publicadas.

En este debate ha habido un gran ausente: las PYMES. Si bien el proyecto aplica directamente a las personas, poco se ha dicho de lo dañino que es para miles de micro, pequeñas y medianas empresas que, según datos del Ministerio de Economía, aportan cerca del 20% del Producto Interno Bruto, representan el 13,1% del total de las ventas del país y generan el 53% del empleo.

“A las PYMES, en cambio, les será aún más difícil gestionar adecuadamente sus negocios: no sabrán a quién le compran ni a quién le venden, debiendo operar a ciegas”.

La situación de las PYMES ya es frágil. De acuerdo con el informe de morosidad de empresas dado a conocer hace algunos días por Equifax y la Universidad San Sebastián, el 86% de las empresas con morosidades publicadas son micro o pequeñas. Más de 67 mil empresas con una deuda total superior a los US$ 550 millones fuertemente concentrada en la banca y la industria financiera en general. Se trata de empresas cuyo patrimonio se confunde con el de sus dueños por lo que la falta de información les pega dos veces.

Adicionalmente, y según fuentes de CobranzaOnline.com, durante mayo las PYMES registraron un aumento de 65% en sus facturas incobrables respecto al mes de abril. Esta es una alarma que no puede pasar inadvertida. Una factura impaga deja a una micro o pequeña empresa en la lona; si le quitamos la posibilidad de publicarla, no habrá cuenta de protección que la salve.

De prosperar esta iniciativa, las grandes empresas podrán ajustarse y enfrentar esta falta de información restringiendo el crédito o subiendo las tasas; a las PYMES, en cambio, les será aún más difícil gestionar adecuadamente sus negocios: no sabrán a quién le compran ni a quién le venden, debiendo operar a ciegas, y el encarecimiento del crédito les impedirá crecer y generar más empleo.

No deja de ser irónico, dado esto último, que uno de los “caballitos de batalla” de quienes promueven este proyecto sea que, al eliminarse los registros de deudas, éstas ya no serán impedimento para conseguir trabajo. Algo curioso considerando que la Ley 20.575, vigente desde 2012, prohíbe expresamente exigir el registro de morosidades en los procesos de selección de personal. Más que impulsar nuevas leyes, las autoridades deberían preocuparse de hacer cumplir las existentes.

Es de esperar que en lo que siga del proceso de tramitación de este proyecto de ley se oiga a los representantes de las PYMES y se dimensione el enorme daño que éste les producirá de prosperar.