La variable en las sombras que todo lo contamina

Gabriela Clivio

Cuando un tema domina las conversaciones sociales, genera cambios en las rutinas de las personas y deteriora la calidad de vida de la población estamos, definitivamente, frente a un problema mayor. En Chile, este problema se llama inseguridad. Hoy, todos vivimos con miedo. Ya no se trata de una percepción de inseguridad medida por el índice de victimización de Paz Ciudadana, sino que es la realidad misma.

De acuerdo con datos del Centro de Estudios y Análisis del Delito, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes subió desde 4,5 en 2018 a 6,7 en 2023, en Chile. Quizás, es más fácil dimensionar la crisis de seguridad si hablamos de personas asesinadas. En 2018 se cometieron 845 asesinatos; en 2022 fueron 1.322. Sin embargo, no recuerdo un fin de semana donde 18 personas fuesen víctimas de homicidios en la Región Metropolitana, tal como sucedió el fin de semana del 14 de julio pasado. Este aumento de la inseguridad/delincuencia se da, además, en el contexto de un incremento de acciones más violentas o modos de operar que eran hasta hace poco desconocidos en el país.

La medición del costo de la delincuencia es, de alguna manera, un “costo de adquisición”: un recuento de gastos en seguridad, tratamientos de víctimas, ingresos laborales perdidos y muertes, debido al crimen.

Un estudio de Clapes publicado recientemente, se refería a ciertos indicadores indirectos que podían relacionarse con este aumento de la violencia y de la delincuencia, como el alza en la tenencia ilegal de armas o explosivos por cada 100.000 habitantes, que pasó de 3,3 en 2013-2016 a 4,6 en 2017-2022. No es fácil determinar los efectos causales entre delincuencia y actividad económica, pero la evidencia empírica muestra que una reducción de la delincuencia impulsa la actividad, a la vez que un aumento de la actividad reduce la delincuencia.

¿Cuál es el costo asociado a la delincuencia? En el estudio mencionado se cuantifica el costo de la delincuencia para el país en 2,1% del PIB en 2022, versus 1,4% del Producto entre 2013 y 2014. Sin embargo, esta medición es, de alguna manera, un “costo de adquisición”, ya que es un recuento de los gastos en seguridad, seguros y tratamientos médicos de las víctimas, así como del ingreso laboral perdido de víctimas y reclusos, y el costo de las muertes debido al crimen, entre otros factores.

Hay otros impactos y costos asociados cuyos efectos de mediano y largo plazo exceden estos costos de adquisición. La delincuencia desincentiva la inversión (y, por lo tanto, afecta al crecimiento) y disminuye la productividad, dado que los inversionistas privilegiarán otros gastos en detrimento de la inversión productiva.

Se ha demostrado que factores como la solidez del Estado de derecho afectan a la delincuencia y a la actividad económica. Reforzar el Estado de derecho permitiría combatir la delincuencia y estimular el crecimiento. Lamentablemente, tal como refleja el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, esta variable se ha deteriorado en Chile en los últimos cinco años. El país ocupa ahora la posición número 33, en una muestra de 142 países, mientras que en 2019 estaba en el lugar 25, a lo que se suma que en materia de orden y seguridad nos posicionamos en el puesto 96. Parece que el camino a recorrer está bastante claro cuando miramos lo que tenemos que mirar.