La trampa de la permisología

EDITH WILSON

La permisología deficiente se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para el desarrollo económico de Chile, generando incertidumbre y desconfianza en los inversionistas, y un impacto directo en la economía nacional y regional.

Retrasos en la aprobación de proyectos en Antofagasta han generado un costo económico estimado en US$ 1.600 millones anuales, por la inactividad de iniciativas claves para impulsar sectores estratégicos, como la minería. El 82% de los proyectos en La Araucanía y el 79% en Valparaíso presentan demoras, superando los plazos legales, lo que afectan la creación de empleos y la activación de inversiones cruciales.

“La digitalización y la racionalización de trámites pueden reducir significativamente los tiempos sin comprometer la calidad ni los estándares ambientales”.

A nivel sectorial, la electromovilidad experimentó en 2024 un retraso promedio del 20%, con impacto negativo en su meta carbono neutral. Estudios revelan que la aprobación de proyectos estratégicos toma en promedio entre ocho y 11 años, dedicando más del 70% a la obtención de permisos. Este es el caso del proyecto Dominga, iniciativa minera y portuaria en la Región de Coquimbo, con una inversión estimada de US$ 2.500 millones, que lleva más de 11 años de tramitación y que, según un reciente fallo del Tribunal Ambiental, debe ser reevaluado por un nuevo Comité de Ministros que garantice imparcialidad. Estos prolongados plazos afectan a las empresas involucradas y a la economía, al retrasar proyectos fundamentales para el desarrollo energético, hídrico y minero del país, privándolo de ingresos esenciales y frenando la transición hacia energías limpias. El retardo no es solo un problema de tiempos, sino de oportunidad económica y crecimiento. Según la Comisión Nacional de Productividad, si Chile redujera los plazos de aprobación en 50%, los beneficios se reflejarían en mayores ingresos fiscales, más empleos formales y dinamismo de sectores clave como la minería y las energías renovables.

En este escenario resalta la urgencia de implementar medidas que modernicen los procesos de permisos. España y Portugal han demostrado que la digitalización y la racionalización de trámites, pueden reducir significativamente los tiempos sin comprometer la calidad ni los estándares ambientales.

Chile enfrenta el desafío de transformar su permisología en una herramienta que potencie su desarrollo. Iniciativas como la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales son esenciales para obtener mayores certezas jurídicas, reducir la discrecionalidad y fomentar las inversiones. Las propuestas de creación del Sistema de Regulación y Evaluación Sectorial y la Ventanilla Única Digital; junto a la aplicación de plazos máximos para permisos, el uso del “silencio administrativo” y criterios proporcionales, según el riesgo de cada proyecto; y la capacitación de funcionarios apuntan en tal sentido. Implementar estas reformas generará beneficios claves para la reducción de costos asociados a tiempos prolongados; mayor competitividad para atraer inversiones y un crecimiento sostenible al facilitar proyectos en energías renovables y transición energética.