¿La oposición claudica en su defensa del 6% de ahorro individual?

LUIS LARRAÍN

Sorpresivamente, la mayoría de oposición de la Comisión de Trabajo del Senado firmó un protocolo sobre la tramitación de la reforma previsional que se aparta de la posición que habían sostenido los parlamentarios de Chile Vamos hasta aquí. ¿Qué explica el cambio? No lo tenemos claro, pero es precedido de una fuerte ofensiva de las ministras del Trabajo, Jeannette Jara, y de Gobierno, Camila Vallejo, contra la posibilidad de que la industria manifieste sus opiniones, desechando la ministra Jara algunas conclusiones de la comisión técnica nombrada por los senadores.

Luego aparece el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien presenta un documento de 45 puntos que, según dice, muestran convergencia en distintas materias de la reforma. La verdad, es que el texto, si bien utiliza un lenguaje técnico distinto al tono de las ministras, incluye propuestas del proyecto original del Ejecutivo sin siquiera respetar las recomendaciones de la mesa técnica.

“El reparto intergeneracional es especialmente injusto con los trabajadores más jóvenes, quienes son la primera generación en los últimos 30 años con peor situación económica que sus padres, tras el nulo crecimiento per cápita en la última década”.

La más preocupante es la que, para financiar el aumento de las actuales pensiones, crearía un Fondo de Acumulación, Compensación y Garantía del Seguro Social, donde el Estado utiliza las cotizaciones de los trabajadores, sin que se pueda garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los beneficios que se prometen. En otras palabras, se introduce el reparto intergeneracional bajo el nombre más amable de “seguro social” (concepto recogido por el protocolo), al cual se destinarían en principio dos puntos porcentuales. ¿En qué quedó el 6% a las cuentas individuales que planteaban la UDI y su presidente?

Introducir el reparto intergeneracional en un país con las características demográficas de Chile es una aberración, pues la lógica de esos sistemas es que las pensiones de los jubilados deben financiarse con cotizaciones de quienes trabajan hoy. Es aberración demográfica porque con el envejecimiento de la población chilena hay cada vez menos trabajadores por cada jubilado, de manera que el sistema tiene rendimientos decrecientes. La propuesta es especialmente injusta con los trabajadores más jóvenes, quienes son la primera generación en los últimos 30 años en Chile con peor situación económica que sus padres, luego del nulo crecimiento per cápita en la última década. Esos jóvenes financiarían junto a otros trabajadores (haciendo un préstamo al Estado) un aumento de las pensiones de los jubilados actuales, en lugar de que ese aumento sea financiado con rentas generales de la nación, como sería si el 6% de aumento de cotización va a la cuenta individual. El interés que se pagaría a los trabajadores por ese préstamo (entre 2 y 3%) sería menor al que percibirían en sus cuentas individuales.

Adicionalmente, en los 45 puntos se reabren temas no propuestos por la comisión técnica como la división de la industria, la creación de un seguro de longevidad y no se descarta la presencia estatal ante una eventual licitación del stock de afiliados.

El protocolo está redactado en términos ambiguos en muchos puntos, excepto en el pie forzado para la tramitación expresa del proyecto y un plazo fatal en enero del 2025. Es incomprensible la insistencia de senadores de oposición en apoyar un proyecto que no resuelve los problemas del sistema (ajustar gradualmente la edad de jubilación, fortalecer el ahorro de los cotizantes que tendrían baja tasa de reemplazo y reducir la informalidad en el empleo) y que además introduce el reparto. ¿Transitoriamente? No hay tal cosa como impuestos transitorios.