La justicia en tierra de nadie

José Miguel Aldunate

La historia ya estaba bastante pasadita. En diciembre de 2022, se filtró el registro de una conversación de la abogada y jueza Graciel Muñoz, hija del ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, con los representantes de la empresa Inmobiliaria Fundamenta. Dos años antes habían firmado una promesa de compraventa sobre dos departamentos, pero luego de que la construcción se paralizara por una diputa judicial, la hija del ministro solicitó el retiro de su inversión.

“Mi idea es poder hacer cambios de la manera más amistosa -se escucha decir a Graciel Muñoz-. Este proceso puede durar años y no creo, quiera, ni pueda esperar tanto y te lo digo con conocimiento, […] porque mi papá es el que ve todo este tema, ya que participa en la Corte Suprema”.

“Como la disciplina del Poder Judicial está muy lejos de los intereses políticos y las urgencias ciudadanas, lo más probable es que sigamos sin una legislación adecuada por muchos años más”.

Pero, insisto, se trata de una historia que ya estaba bastante vieja. Que un año y medio después de la primera noticia -una eternidad para la opinión pública- nos enteremos que la Corte Suprema abrió una investigación al ministro Muñoz por la presunta filtración a su hija es un verdadero despropósito. ¿No ocurrió nada entremedio? Apenas. La inmobiliaria solicitó la inhabilidad del ministro Sergio Muñoz, la Corte de Apelaciones de Santiago lo concedió y la causa debió volver a verse en la Corte Suprema. Nada más.

Hasta que estalló el “caso Whatsapp” y la Comisión de Ética de la Corte Suprema se hizo cargo. Los abogados de la inmobiliaria aprovecharon la instancia y presentaron una denuncia contra el ministro Muñoz. Sin este cambio de escenario, lo más probable es que el asunto hubiera acabado en las páginas de atrás de unos diarios viejos, donde se publican las noticias judiciales. Ahora bien, ¿qué significa que la Comisión de Ética se haga cargo? No mucho, tampoco. En estricto rigor, la comisión no existe legalmente, es una creación de un autoacordado y no tiene atribuciones sancionatorias. A lo sumo, puede recomendar que se haga un sumario disciplinario contra el ministro Muñoz o contra los demás integrantes de la Corte Suprema.

Entonces, habría sido mejor que se instruyera un sumario desde el comienzo y no esta curiosa instancia ética, un año y medio después. Aunque, claro, tampoco por la vía disciplinaria se llega demasiado lejos. Fuera de un par de artículos vetustos en el Código Orgánico de Tribunales, la ley no contempla un catálogo preciso de infracciones, ni de sanciones, ni menos un proceso disciplinario. Y como la disciplina del Poder Judicial está muy lejos de los intereses políticos y las urgencias ciudadanas, lo más probable es que sigamos sin una legislación adecuada por muchos años más.

Mientras tanto, seguiremos sin saber si el ministro Muñoz infringió o no sus deberes funcionarios, así como tampoco los demás ministros investigados en los casos más recientes. Porque, cuando se trata de la conducta de los jueces, la justicia queda en tierra de nadie. Entre los vacíos legales y la desidia generalizada, apenas interrumpida por uno que otro escándalo ocasional, la legitimidad del Poder Judicial se sigue horadando lenta, sostenida e inexorablemente.