La cargada agenda de desafíos laborales 2025

Este año promete ser crucial para el Gobierno en materias laborales y no precisamente por ser el último del Presidente Gabriel Boric, sino por los retos que generan las reformas que se han venido discutiendo en el Legislativo y el real impacto que tendrán el año que viene.

La eventual propuesta de negociación colectiva ramal, que surgió primero en los procesos constituyentes y, luego, en el acuerdo sobre materias sociales en mayo de 2024, entre la ministra del Trabajo y la CUT -y que podría presentarse este mes-, aunque sería un avance hacia una mayor equidad en las relaciones laborales, revela ignorancia sobre la realidad chilena. En lugar de vislumbrar un enfoque que realmente extienda la cobertura y protección de los trabajadores, el proyecto parece orientado a fortalecer el poder de los colectivos ya existentes, fundado en un temor injustificado hacia la descentralización de la negociación. Esta falta de perspectiva ignora las desigualdades estructurales presentes en diversas industrias y regiones y pasa por alto la realidad particular de las microempresas y las preocupaciones específicas de diferentes sectores. En muchas regiones, las microempresas quedan rezagadas, sin los recursos necesarios para participar en negociaciones que las incluyan.

Por otro lado, la ley de igualdad salarial entre hombres y mujeres, aunque bien intencionada, arrastra falencias sustanciales en su aplicación. A pesar de los esfuerzos legislativos, las brechas salariales persisten, impulsadas por factores culturales y estructurales que las normas legales no han logrado erradicar. El Gobierno ha fomentado esta propuesta ignorando que actualmente ya existen canales para reclamar estas diferencias y procedimientos claros en la norma laboral.

Con la promulgación de la Ley Karin, el año 2025 promete ser crucial para la definición y clarificación de los conceptos de acoso laboral y sexual, a medida que los tribunales comiencen a dictar sentencias sobre los numerosos casos que han surgido con ocasión de su entrada en vigor. La proliferación de denuncias subraya la urgencia de una respuesta estatal efectiva y ajustada a las necesidades de los trabajadores. Hasta la fecha, la Dirección del Trabajo ha mostrado deficiencias en su capacidad para cumplir con los plazos de investigación. Es de esperar que la aprobación de la Cámara y el despacho al Senado del proyecto que busca ratificar el Convenio 81 de la OIT sobre inspecciones del trabajo ayude en alguna medida.

Estos proyectos, junto a otros como el fallido postnatal –con una falta de enfoque integral que acentúa las brechas de género– son algunos de los más relevantes y que, sin duda, serán los protagonistas en este año electoral. Nos quedamos expectante, pero no tan esperanzados, de que el Gobierno no instrumentalice dichas propuestas con el objeto de lograr victorias legislativas para suplir la grave situación de inseguridad y las derrotas parlamentarias en materia fiscal y previsional.