¿La AFP estatal exigirá un lugar en los directorios de empresas privadas?

César Pérez-Novoa

El lunes pasado la presidenta Michelle Bachelet firmó un proyecto de ley para la creación de un fondo de pensiones estatal como opción alternativa al sistema de AFP, industria privada que hoy se valoriza en 
US$ 168.000 millones.

Los objetivos de la propuesta consisten en introducir un mayor nivel de competencia mediante la calidad de servicio y los beneficios, disminuir la brecha de disparidad de género en favor de las mujeres e incluir a los chilenos que actualmente no están cubiertos por una AFP, como los trabajadores independientes , “auto” empleados y algunas poblaciones rurales. El gobierno ha dicho que su fin es servir a 4,6 millones de personas que están dentro de estas categorías, que tienen capacidad para ahorrar, pero que actualmente no están dentro del sistema (es decir, además de 5 millones de personas con ingresos regulares que actualmente sí lo están).

En La Moneda sostienen que el modus operandi será idéntico al del sector privado. La entidad dependerá del ministro de Hacienda y del vicepresidente ejecutivo de la Corfo y será regida por Decreto DL3.500, lo que también le permitirá operar en otras actividades, con ciertos límites. Inicialmente, Corfo será propietaria del 99% (Tesorería del 1%) y se capitalizará con una suma que hasta ahora es desconocida. El gobierno controlará un directorio de siete miembros que deberá cumplir con los todos requisitos de la industria, así como con las mismas normas financieras, contables y fiscales que todas las sociedades cotizadas en bolsa, además de estar sujeta a una triple auditoría por parte del regulador de las AFPs, la SVS y la Contraloría General de la República.

Pero si los costos de administración del sector pensiones ya son bajos, entonces ¿por qué un actor nuevo?
A partir de agosto AFP Planvital tendrá la tasa más baja (0,47%), seguida por AFP Modelo (0,72%). La ministra del Trabajo, Javiera Blanco, ha dicho que esta nueva entidad cobrará comisiones bajas, pero como esto ya ocurre en la práctica (lo demuestran las ofertas más recientes), ¿por qué crear una nueva organización? La idea fue lanzada durante el primer mandato de Bachelet, pero nunca cobró fuerza. Esta vez, sin embargo, parece estar en armonía con la óptica del gobierno de reducir la desigualdad y aumentar la inclusión social.

Con todo, no esperamos que una AFP estatal logre cerrar mucho la brecha de desigualdad o aumentar los retornos. El mayor riesgo que percibimos es que el fondo de pensiones podría convertirse en una carga para el Estado, que ya está creciendo en tamaño. También existe un peligro si el Estado pasa a ser un importante gestor de capitales, se puede convertir en un inversionista suficientemente grande como para exigir un lugar en la mesa de los directorios del sector privado.

Aunque creemos que las reglas de gobiernos corporativos y de transparencia deberían limitar este efecto, no hay restricciones al respecto en el proyecto de ley y -potencialmente- abre la puerta a la “supervisión” de facto de casi todo el mundo.