Jueces y nueva Constitución
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Se ha producido una discusión en torno a la posibilidad de que la nueva Constitución faculte al Congreso Nacional para formular acusaciones constitucionales contra ministros de los tribunales de justicia, cuando infrinjan la prohibición de incidir en políticas públicas. Con ello, se pretende debilitar el activismo judicial y fortalecer el deber de los jueces de fallar conforme a la ley.Se trata de un grave error. Sin duda, las recientes sentencias de la Corte Suprema en materia de isapres, infringiendo el efecto relativo de las sentencias e invadiendo el ámbito de atribuciones de las autoridades políticas, constituye un caso de activismo judicial muy complejo tanto para el orden institucional como para la seguridad jurídica.Sin embargo, la solución propuesta solo puede agravar las cosas. Por lo pronto, no solo atenta contra la independencia judicial, en general, sino también contraviene la norma propuesta en el anteproyecto constitucional que prohíbe la presentación de acusaciones constitucionales contra ministros de los tribunales superiores de justicia por el contenido de sus fallos.
Parece contradictorio confiar a las mayorías políticas en el Congreso la custodia del apego de los tribunales a la legalidad.
Pero, además, puede resultar siendo contraproducente para los fines que busca custodiar. En efecto, parece contradictorio confiar a las mayorías políticas en el Congreso la custodia del apego de los tribunales de justicia a la legalidad en el contenido de sus fallos, pues no se ve cómo podría un órgano político colaborar en prevenir la politización de la justicia.Parece más probable que ocurra todo lo contrario, esto es, que las mayorías políticas en el Congreso interpreten tendenciosamente los fallos de los tribunales de justicia, amenazando con acusar constitucionalmente a los ministros que no resuelvan conforme a su mirada. De este modo, la independencia judicial quedaría seriamente en entredicho.El activismo judicial es un fenómeno complejo y multifactorial. Para evitar que se produzca, es necesario atender a estas causas, mejorando la regulación del recurso de protección, racionalizando los procedimientos contenciosos administrativos, fortaleciendo el rol del Tribunal Constitucional y, sobre todo, mejorando la institucionalidad política, que es la verdadera llamada a resolver los problemas de política pública.
