La oposición futura

José Antonio Viera-Gallo

El concepto mismo de oposición nace en el Reino Unido a partir de 1830, cuando se legitima el papel de los partidos minoritarios en el Parlamento. El reconocimiento político de la función de la oposición se ha convertido en un rasgo esencial de la democracia. Su escenario privilegiado es el Congreso, donde tiene presencia en los órganos parlamentarios y capacidad para influir en sus debates y decisiones.

En un régimen presidencial como el nuestro, puede suceder que la mayoría del Parlamento esté en manos de los opositores, como ha ocurrido casi en forma ininterrumpida desde el retorno a la democracia en 1990, lo que obliga al oficialismo a privilegiar el diálogo y buscar acuerdos. Kelsen señalaba que el ideal es que las leyes sean aprobadas por amplia mayoría, pero si el consenso se vuelve inalcanzable, rige el principio de mayoría.

No sabemos aún si las fuerzas de oposición van a actuar coordinadamente o no. Puede suceder que a partir de marzo en el Congreso se configuren diversos grupos de oposición. Puede suceder que el frente opositor esté formado por una multiplicidad de partidos, que podríamos agrupar en tres corrientes principales: un sector de centro formado por la DC, un sector socialdemócrata integrado por el PR, el PS y el PPD y una o más manifestaciones del PC y los partidos del Frente Amplio.

Sin embargo, las fuerzas opositoras debieran coordinarse, en primer lugar, para configurar las mesas del Parlamento y la jefatura de las comisiones, sin pretender que exista un pacto de acción común entre ellas. Entonces, deberán decidir si le abren espacio a los partidos de Chile Vamos.

Todas las vertientes de la oposición tienen algunos desafíos comunes.

Un primer objetivo de la oposición es fiscalizar al gobierno. Para ello cuenta con diversos mecanismos: oficios, interpelaciones a ministros, comisiones investigadoras y acusaciones constitucionales, entre otros. El control es clave para el buen funcionamiento del sistema político. La reforma constitucional del 2005 amplió las facultades fiscalizadoras de la Cámara de Diputados.

Pero también las fuerzas opositoras pueden influir en las decisiones públicas haciendo pesar su opinión durante la tramitación de las leyes. El nuevo gobierno requiere el apoyo al menos de una parte de la oposición para aprobar cualquier cambio legislativo. La oposición debe escapar de la tentación de la “política de trinchera”, de tipo sectario, que se opone a todo sin escuchar ni esgrimir razones. Debe ser “constructiva”, evaluando cada iniciativa gubernamental en su mérito y en el contexto político en que se plantea.

Además, como el Senado debe dar su anuencia al nombramiento presidencial de los integrantes de varias instituciones que se manejan colegiadamente, como el Banco Central, el Consejo Nacional de Televisión, el Consejo de Televisión Nacional, el Consejo para la Transparencia, el de la Alta Dirección Pública del Servicio Civil, etc., la oposición puede lograr alguna forma de presencia en esos organismos.

La relación de la oposición parlamentaria con los movimientos sociales es compleja. Esos movimientos suelen criticar a los opositores por lo que hicieron o dejaron de hacer cuando eran gobierno y por lo que hacen en la actualidad. Los movimientos sociales y los partidos de oposición se mueven en planos diferentes: unos actúan ejerciendo sus derechos de libertad, sin mediaciones institucionales; los partidos en cambio forman parte de la institucionalidad democrática y están condicionados por la coyuntura y los plazos del calendario electoral.

La oposición es juzgada por la ciudadanía como una posible alternativa de gobierno. Lo cual la obliga a ser “responsable”. Sabe que deberá pasar el escrutinio ciudadano en las próximas elecciones. La oposición busca la alternancia en el poder, debe volver a ser mayoría ciudadana. Surge, entonces, el tema de las alianzas políticas en torno a un proyecto o programa bien definido.