Una acusación peligrosa

Jorge Sahd

La acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema por notable abandono de deberes —por conceder libertad condicional a seis condenados por derechos humanos— es una señal preocupante para nuestra estabilidad institucional.

El caso constituye una seria amenaza al Estado de derecho y a la separación de poderes del Estado. Utilizar una herramienta constitucional excepcional como reacción a una interpretación hecha por los jueces, en el marco de sus atribuciones legales, puede terminar transformándose en una intromisión indebida de un poder en otro.

La aspiración de un Poder Judicial independiente, como pilar del Estado de derecho, sigue siendo una tarea pendiente en América Latina. Chile podría ser parte del problema en caso de que la acusación constitucional prospere y, a futuro, las sentencias estén sujetas a un examen político.

Si bien Latinoamérica ha emprendido numerosas reformas judiciales, aún los jueces siguen siendo frágiles frente a los eventos políticos. En Nicaragua y Venezuela, Ortega y Maduro tienen el control casi absoluto de los tribunales; Argentina baila al son del gobierno de turno; en Brasil, cada sector político tiene su propia idea de Estado de derecho, según si las cortes favorecen o no al exPresidente Lula. Finalmente, el Presidente de Guatemala decide expulsar del país al Consejo Internacional Anticorrupción (CICIG) por incomodar al poder político en la investigación de irregularidades.

Para la confianza de las instituciones, la percepción de los ciudadanos respecto del Poder Judicial es clave, pero en América Latina su contribución es más bien escasa. El reporte 2017 de Transparencia Internacional para la región señala que el 40% de las personas considera corruptos a todos o la mayoría de los jueces. El World Justice Project muestra que estamos muy lejos de alcanzar los estándares de Estado de derecho de la Unión Europea, América del Norte o ciertas zonas de Asia, teniendo aún bajas evaluaciones en justicia civil y criminal. En Chile, la última Encuesta Bicentenario revela que más del 70% de los ciudadanos confía poco o nada en los tribunales de justicia, principalmente por problemas de acceso de acceso y eficiencia.

Esta debilidad regional del Poder Judicial es un tema preocupante. Primero, porque los tribunales cumplen un rol fundamental en la promoción de sociedades más pacíficas y justas. Segundo, porque los jueces son esenciales para enfrentar algunos grandes desafíos del continente, como la lucha contra la corrupción, cuyo combate no se resuelve sólo con políticas públicas pro-transparencia, sino también con tribunales independientes que sancionen de modo efectivo a los corruptos.

Esta semana se votará en nuestra Cámara de Diputados la acusación constitucional contra tres jueces supremos. En un hecho poco común en nuestra tradición institucional, veremos si finalmente se impone la tesis de que las sentencias estarán sometidas al escrutinio político de otro poder, amenazando seriamente nuestro Estado de Derecho. De prosperar la acusación, estaremos sentando un peligroso precedente y condicionando el actuar de los magistrados en la resolución de un caso. Así, el contenido de un fallo podría ser revisado sólo por ser contrario a la posición política de un grupo de parlamentarios.

El Estado de derecho necesita un Poder Judicial independiente. Es de esperar que Chile no pase a engrosar la lista de países latinoamericanos con tribunales débiles frente al poder político.