Autodestrucción o momento destituyente

Jorge Navarrete

Una de las tantas categorías que hizo célebre a Max Weber, fue la distinción entre la ética del testimonio y la ética de responsabilidad. Esta última, de preferente pertinencia para la política, obliga a sopesar las consecuencias de nuestros actos, dichos y decisiones; las que deben incorporarse en la consecución de propósitos y objetivos.

En fin, no creo que el Presidente de la República haya tenido a la vista los consejos de este intelectual alemán, a la hora de presentar el requerimiento por inconstitucionalidad del tercer retiro. Pues no discutiendo sus atribuciones, como tampoco la cuestión que subyace al fondo -amén de que el desahorro previsional constituye una pésima política pública-, era previsible anticipar las graves consecuencias políticas y sociales que esta decisión generaría. Pero si hay algo peor que no haber evaluado las consecuencias de esa decisión, es incluso pretender retroceder sobre los propios pasos, cuando el daño ya está hecho, entregando ahora lo poco que se pretendía proteger.

En efecto, y tal como aconteció en el segundo retiro, es muy probable que las negociaciones culminen en un acuerdo de “retiro institucionalizado” avalado por el propio Ejecutivo. Y entonces la pregunta es obvia: si éste era un desenlace ineludible, ¿por qué se esperó hasta ahora para adoptar este camino? Detrás de esa respuesta subyace quizás uno de los peores pecados de este Gobierno: una suerte de regateo permanente, exacerbando la irritación de detractores y partidarios; para finalmente entregarlo todo igual, pero tarde y de mala manera.

¿Y qué decir de la patética carta publicada por su comité político?, que además de estar mal escrita, inauguró el inédito precedente de que los secretarios de Estado deben salir a respaldar al jefe del Estado, revelando exactamente lo contrario a lo que se pretendía transmitir; es decir, evidenciando la propia debilidad del Gobierno en general y del Presidente de la República en particular.

Ciertamente tampoco han leído a Weber en la oposición. La decisión de acusar constitucionalmente al Presidente no sólo es un despropósito, en cuanto a que Piñera está ejerciendo una facultad propia de nuestra Carta Fundamental, no teniendo siquiera el pudor de justificarla o “vestirla” de alguna manera plausible; sino que obvia las graves consecuencias de lo que podría significar destituir al primer mandatario en este escenario de fragilidad política, quedando semanas para una elección fundamental y a pocos meses de concurrir a las urnas para la propia elección presidencial. Sin mencionar la irresponsabilidad de ciertos actores, como es el caso específico del Partido Comunista, que “justifica la explosión social” en este escenario y alienta las movilizaciones en todo el país.

Esta tolerancia con la violencia, cuando no su derecha promoción y justificación, es de una gravísima irresponsabilidad; más todavía en momentos de un profundo deterioro institucional, donde la política y sus principales protagonistas no distinguen entre la persistencia y la porfía, entre la voluntad y el voluntarismo, y menos entre la popularidad y el populismo.

A muchos lectores les podrá haber sorprendido el título de esta columna. Sin embargo, y si todavía creemos que la principal función y deber de todas nuestras autoridades y políticos es encauzar y contener este difícil momento, he llegado a una trágica conclusión: la solución del problema está en manos del problema.