Infraestructura y ley de marco climático

Catalina Binder

Los expertos consideran que la conciencia colectiva por el cuidado del planeta se inicia formalmente en la Conferencia de Estocolmo de 1972, y logra importantes avances en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 y en el Acuerdo de París de 2016.

Casi cinco años después de la firma de este último acuerdo, 127 países ya tienen estrategias para reducir a cero sus emisiones de gases de efecto invernadero y limitar así el calentamiento del planeta. En este contexto, en junio de este año se promulgó en Chile la Ley Marco del Cambio Climático, Ley Nº 21.455, que contiene los lineamientos para transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases efecto invernadero hasta alcanzar la carbono neutralidad el 2050. La ley, que tuvo dos años de tramitación y contó con un activo proceso de participación ciudadana, institucionaliza en el país el mayor desafío ambiental del siglo XXI.

“Para enfrentar el desafío climático se requiere del compromiso y trabajo de todos tanto del mundo público como del privado. Pero quien tiene el deber de asumir un fuerte y claro liderazgo que asegure el éxito es, a todas luces, el Estado”.

Esta ley establece obligaciones y facultades para las autoridades a nivel central, regional y local. Asimismo, instaura instrumentos de gestión climática, sistemas de información y participación, además de un sistema de monitoreo, reporte y verificación en 17 ministerios, que coordinarán las estrategias en un Comité de Ministros, quienes, además, tendrán responsabilidades administrativas por el no cumplimiento de los planes sectoriales de cambio climático.

Con esto se genera un enfoque ecológico transversal en el Estado, dejando así de depender de planificaciones sectoriales y de las agendas políticas de los gobiernos de turno. Si los objetivos planteados en la Ley Nº21.455 se cumplen, en la próxima década viviremos cambios fundamentales en nuestra forma de vida.

El mayor impacto probablemente se perciba en las zonas urbanas, donde la planificación requerirá priorizar diseños de infraestructuras verdes y relevar desde el punto de vista económico y social conceptos como servicios ecosistémicos y capital natural, que hoy sólo son manejados por especialistas o interesados en el tema medioambiental.

Para que esto sea posible, resulta indispensable el respaldo político sostenido, con políticas de Estado a mediano y largo plazo, que resguarden el logro de los objetivos buscados frente a temas que irrumpen en la agenda de los gobiernos en forma de crisis y urgencias, absorbiendo los recursos siempre limitados. Asimismo, el logro de estos desafíos solo puede ser posible en la medida que en Chile todos entendamos que estas definiciones no son producto de una cierta “sensibilidad ecológica”, sino que son indispensables para nuestra sobrevivencia.

Por otra parte, existe consenso en cuanto a la dificultad que plantea el financiamiento de esta ley, debido a lo reducido del presupuesto contemplado.

Para hacer frente a esta dificultad se necesitará de una mayor colaboración entre todos los agentes influyentes en el desarrollo del país. Y en este punto los privados debieran jugar un rol decisivo. Esto requiere que el Estado profundice en las modalidades de asociación público–privada, en términos económicos e institucionales, ampliando sus áreas de inversión, fomentando la innovación y alineando el legítimo beneficio privado a los objetivos medioambientales de Estado.

Para enfrentar todos estos desafíos, se requiere del compromiso y trabajo de todos, del mundo público y privado. Sin embargo, quien tiene el deber de asumir un fuerte y claro liderazgo que asegure el éxito de estos objetivos es, a todas luces, el Estado.