Pobreza, desigualdad, presupuesto y Constitución

Guillermo Tagle

El anuncio de un presupuesto 2022 que contempla un gasto de US $ 82.135 millones, 3,7% superior al presupuesto del año en curso, ha generado mucha discusión política por cuanto se compara con un gasto efectivo de US $ 106 mil millones, un 22 , 5% menos que lo incurrido in the 2021. Aunque es evidente que este año ha sido de excepción total, cuando el tema llega al campo político pareciera que la racionalidad deja de existir.

Es obvio que ningún país puede aspirar a ser gestionado con criterios de “excepción” permanente. Que la disciplina fiscal es fundamental para preservar el progreso y para cuidar el bienestar presente y también el de las futuras generaciones. Por ello, es equivocado y confunde comparar el presupuesto 2022 con el gasto efectivo del año actual. Lo más lamentable de la discusión política es que no logra realizar un análisis racional del tema, cuando este se cruza con tiempos en que hay una Convención Constitucional, con un proceso electoral en ciernes para cambiar de Presidente y renovar el Congreso.

El aumento continuo y sin límites del gasto ocurrido este año, ha dejado la sensación de que el Estado siempre puede más. Que con la “presión” política adecuada, lo recursos se obtienen y de paso, también se ha sembrado la sensación de que cualquier falta de recursos en el futuro, se puede financiar sin problemas gravando con más impuestos a los que tienen más. También se ha proclamado y sembrado en la mente de la mayoría, que este camino contribuye en forma significativa a mejorar la distribución del ingreso ya construir un país más equitativo y con más igualdad.

Sembrar en el colectivo social que lograr igualdad es más importante que superar la pobreza, es el engaño más grave y profundo que se ha establecido en Chile en la última década. Que dicha igualdad se puede lograr usando recursos del Estado y que estos se financien con incrementos significativos a la carga tributaria, es otro engaño de proporciones. Que los impuestos son algo que afectan sólo a los ricos y no a toda la población es también un engaño mayúsculo.

Nadie se atreve a poner sobre la mesa proyectos que efectivamente generen progreso significativo y para todos. Que impliquen reducir la burocracia del Estado, eliminar programas ineficientes o innecesarios, junto con incentivos que motiven la llegada (y no el cierre) de empresas e inversionistas extranjeros. Que motiven e incentiven el trabajo formal, disciplinado y colectivo, que atraiga inversión y nuevas fuentes de empleo sostenible. Toda esta discusión sobre gasto público, impuestos y prioridad por la igualdad, se consolidó en momentos en que Chile estaba cerca de ser un país desarrollado, que hizo olvidar que falta mucho por avanzar y progresar, que hay mucha gente pobre a la que se ha sumado una inmigración significativa que llega a Chile con gran esfuerzo.

Para esa gente que vive en pobreza, para esos miles de inmigrantes que han llegado a Chile porque admiran y anhelan lo que creyeron podrían lograr en nuestra Patria, es imperativo avanzar en el perfeccionamiento de nuestro sistema económico y social, para que todos puedan realizar sus sueños, para que todos puedan alcanzar un buen nivel de bienestar. Donde haya equidad y justicia, pero donde sea más importante dónde y cómo lograr vivir cada cual, y no si esa forma de vida es mejor, igual o peor respecto que las demás.