Guerra al crecimiento

Luis Larraín

La economía chilena se encuentra estancada, lo que deteriora la calidad de vida de las familias chilenas por los menores ingresos provenientes del trabajo. El economista David Bravo advirtió sobre una “emergencia laboral no declarada”, dados los 450.000 empleos faltantes para alcanzar las tasas de ocupación previas a la pandemia. Los más afectados son trabajadores menos calificados.

Inquieta que las autoridades económicas no parezcan preocupadas, a juzgar por sus acciones. La fracasada reforma tributaria que pretendía recaudar más de 4 puntos del PIB, que se restarían de la actividad productiva, ya no está sobre la mesa, aunque el gobierno insiste en un “pacto fiscal” para recaudar cerca de la mitad de esa cifra.

“Inquieta que las autoridades económicas de Chile no parezcan preocupadas, a juzgar por sus acciones, de la magnitud de la crisis que enfrentamos”.

Otra iniciativa gubernamental que dañaría el empleo es la reforma de pensiones, que en régimen pretende agregar seis puntos a la cotización, aumentando así el costo de la mano de obra (aunque últimamente ha mostrado disposición a que el mayor costo sea de cuatro puntos, pues los otros dos irían a las cuentas individuales, con lo que dejarían de ser un impuesto al trabajo). Aparentemente la tramitación de ese proyecto tendría una pausa hasta después del plebiscito constitucional.

Pero el crecimiento económico está además sometido a otras amenazas. Una es la entrada en vigencia de cambios a la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica (la ley 20.393 se refería básicamente a tres delitos: lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho).

Una nueva ley, la 21.595, tipifica ahora doscientos treinta delitos. Como no se puede encarcelar a una empresa por los delitos más graves que tienen penas privativas de libertad, se condenaría a altos ejecutivos y directores, pues será un agravante haber participado desde una posición jerárquica superior. De manera asimétrica, no se les aplican a ellos atenuantes por irreprochable conducta anterior, lo que elimina la posibilidad de cumplir condenas en régimen de libertad vigilada. La pena máxima sube al doble (10 años de cárcel) y las multas pueden llegar a 156 millones de dólares.

Hay quienes desechan estos argumentos señalando, con algo de frivolidad, que se trata justamente de no cometer delitos graves. Resulta que hay delitos de compleja resolución. Se agregan otros, especialmente en el ámbito medioambiental, por causar daños cuyo origen es técnicamente muy difícil de determinar. Conociendo los sesgos que existen en ciertos tribunales, el riesgo de ser condenado por alguno de estos delitos es alto y está fuera del control del acusado. Esto constituye, sin lugar a dudas, un desincentivo a la inversión y creación de negocios.

Una nueva amenaza a la actividad empresarial se ha conocido estos días. El Tribunal de Libre Competencia ha abierto un expediente de recomendación normativa (ERN) para investigar si la existencia de conglomerados económicos representa un atentado a la libre competencia y habría que imponer restricciones a estructuras societarias a grupos de cierto tamaño; prohibir participación cruzada entre mercados financieros y otros; y considerar la participación de conglomerados al momento de asignar concesiones o derechos por parte del Estado. Coincidentemente la CMF estudia este tema. Los inversionistas chilenos, y también extranjeros deben estar considerando otros países para el destino de su dinero.

Estamos frente a nuevos impuestos al éxito empresarial, que, junto a los temas antes comentados, configuran ya una guerra al crecimiento pues son las empresas las que podrían sacarnos del marasmo que vive nuestra economía.