Gasto público: ¿el Gobierno se apretó el cinturón?

Macarena García

La autoridad fiscal acaba de dar a conocer la ejecución presupuestaria del 2022 para el gobierno central. Entre los resultados que más ha destacado la prensa, se encuentran: la reducción de 23,1% del gasto total; un superávit fiscal de 1,1% del PIB, el primer superávit fiscal luego de nueve años de déficit; y la aceleración importante de la inversión directa en el último mes del año. Por esto abundan las alabanzas a la actual administración.

Sin duda estas son buenas noticias, especialmente dada la delicada situación de las finanzas públicas y la desaceleración de la economía. Sin embargo, un análisis más profundo de la ejecución lleva a matizar estos resultados.

En primer lugar, efectivamente el año pasado hubo un ajuste relevante del gasto público, pero es justo reconocer que el esfuerzo por llevar al orden este gasto, luego de la histórica expansión del 2021, fue del gobierno anterior, que se atrevió a presentar un presupuesto que consideraba una disminución de casi 25%, y del Congreso que, pese a la oposición férrea de muchos, finalmente aprobó dicha disminución.

Adicionalmente, el gasto público de 2022 se sobre ejecutó en 7,4% respecto de lo presupuestado. Esta sobre ejecución es la más alta después de la observada en 2021 por Covid (35%) y de 2009 por la crisis subprime (9%). Parte de esa sobre ejecución se debió a aumentos de gasto aprobados a fines de 2021 y principios de 2022 bajo la administración anterior (IFE laboral y pensión garantizada universal). Sin contar estos gastos, la sobre ejecución de 2022 fue de 6% aproximadamente.

Este mayor gasto de 7,4% se descompone en una sobre ejecución de 11,9% del gasto corriente, la más alta desde que existe información mensual, exceptuando sólo 2021, y en una sub-ejecución de 13,7% del gasto en capital, dentro de las más reducidas desde que hay registro. Este cambio de composición, a favor del gasto corriente, pero en contra del gasto en capital, es preocupante, ya que el primero presenta elevada inercia, siendo políticamente más difícil de retirar, mientras que el segundo potencia la capacidad productiva de la economía.

Respecto de la aceleración del gasto en capital en diciembre, hay que mencionar que anualmente se observa este fenómeno, lo cual siempre ha levantado dudas de si dicho gasto, elevado sólo en ese mes, efectivamente responde a una inversión productiva, que trae aparejados aumentos del PIB y empleo, o es solamente gastos superfluos que sólo buscan el mero cumplimiento de las metas presupuestarias. Ahora bien, es tan llamativo el aumento del gasto en capital solo en diciembre pasado, de más de 1/5 del presupuesto anual, que dicho gasto más parece responder al segundo objetivo que al primero.

Finalmente, sin desconocer el elevado superávit efectivo de 1,1% del año pasado, la sobre ejecución de cerca de 6% del gasto público, de la cual es responsable la actual administración, nos llevó a dejar de percibir un superávit adicional de 1,2% del PIB, lo que habría servido para reparar las muy deterioradas finanzas públicas.