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Alto contrasteFraccionamiento pesquero: cómo echar todo lo bueno por la borda
MACARENA CEPEDA Presidenta de Pescadores Industriales del Biobío CARLOS VIAL Presidente Fed. de Industriales Pesqueros del Sur Austral
El desarrollo del sector pesquero industrial en Chile comenzó en los años ‘40, caracterizado por un significativo aumento y diversificación de los desembarques de diferentes pesquerías a lo largo de la costa nacional. Así, para fines de los ‘70, el país había construido una robusta industria de especies pelágicas en la zona norte, principalmente sardina española, y luego jurel en el centro-sur.
La Ley de Pesca 19.892, del año 1989, fue un primer impulso para consolidar el despegue de la actividad, gracias a la regulación del acceso, la definición de pesquerías y varias otras normas de manejo implementadas, brindando sostenibilidad y proyección al sector. En los primeros años de actividad, los desembarques del sector industrial superaban con largueza a los del artesanal. Sin embargo, en gran medida por el establecimiento en 1989 de las Áreas de Reserva (ARPA), los desembarques artesanales hoy casi duplican a los industriales.
“El jurel es un ejemplo mundial de sostenibilidad, lo que ha permitido a Chile tener la mayor cuota global, gracias a la ley vigente. En el proyecto en debate no hay una reflexión profunda sobre esta recuperación ni del rol de la industria en ello”.
Con los perfeccionamientos introducidos en 2002, como los límites máximos de captura, complementados en 2012 con las licencias transables de pesca a 20 años renovables, el régimen artesanal de extracción con su mecanismo de cesión de cuotas o la creación de los comité científicos y de manejo, obtuvimos un sector pesquero con reglas estables y de largo plazo. También en 2012 se fijaron los fraccionamientos por ley y el impuesto específico, tributo similar al royalty de la minería, pero que se paga a todo evento, se capturen o no los recursos.
Todo aquello ha entregado gobernanza y estabilidad al sector, beneficiando tanto a los artesanales como industriales, permitiendo un exitoso cuidado de los recursos pesqueros. El jurel es un ejemplo mundial de sostenibilidad, lo que ha permitido a Chile tener la mayor cuota global, precisamente gracias a la ley vigente y al respeto de las medidas de administración.
Sin embargo, en el proyecto de ley de fraccionamiento, que está en segundo trámite constitucional en el Senado, no hay una reflexión en profundidad de esta reconocida recuperación de nuestros océanos y el rol de la industria en ello, desconociendo a la ciencia al momento de legislar. El Gobierno está perdiendo la posibilidad de hacer algo grande en el sector, al llevar adelante una refundación anclada en su sesgada mirada ideológica, con el fin de anotarse un triunfo político que luego nos costará muy caro a todos los chilenos, partiendo por el propio Estado.
Dos ejemplos: en el centro-sur, un gran número de puestos de trabajo en las actividades para consumo humano están bajo amenaza, agudizando la crisis económica de la zona; mientras que en el sur austral, está en riesgo la viabilidad de un modelo único de desarrollo pesquero cooperativo, que partió en la crisis de los ‘80 y que hoy muestra amplios beneficios socioeconómicos, como de ejercicio de soberanía en zonas australes.
Si no se corrige, esta iniciativa dejará un enorme legado de esperanzas insatisfechas, conflictos sectoriales y demandas judiciales, en lugar de aprovechar la oportunidad para mejorar más la administración del sector, favoreciendo la recuperación de las pesquerías y el aumento de los desembarques, para construir políticas sociales y económicas que promuevan el desarrollo del país.
