Paga “Noya”
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Fernando Barros
La tradicional expresión de nuestra cultura popular, "Paga Moya", se refiere a la costumbre local de endosar la responsabilidad y costo de actos propios a terceros indeterminados, especialmente las malas decisiones de nuestras autoridades, y así los efectos se diluyen entre todos los chilenos. En el caso a que nos referimos no se trata de nuestro conocido e indeterminado "Moya", sino que de "Noya", un chileno específico y determinado, honesto y sencillo, que de ser ayer una víctima de la violencia, apedreado por los violentistas que provocaron graves incidentes años atrás en Aysén, hoy es quien paga el costo de un incomprensible servilismo para con los violentistas que están asolando nuestras calles.
Una tras otra las manifestaciones de sectores identificados con posiciones extremas, que deslindan en el anarquismo y quieren imponer a la fuerza su visión de sociedad, han terminado en actos vandálicos con destrucción de propiedad pública y privada, alteración del orden público y, muchas veces, afectando a inocentes que nada tenían que ver con los desórdenes o que resguardaban el orden público. El guion es idéntico. Tras la marcha, grupos organizados comienzan con la alteración del orden y actos de violencia. Carabineros interviene para evitar que por enésima vez la mayoría silenciosa de sus ciudadanos, seamos agredidos por aquellos que no respetan el juego democrático y abusan de los derechos que la democracia que desprecian les garantiza.
La del 21 de mayo no fue distinta. Un joven que aparentemente participaba de forma activa en los desórdenes, cae golpeado por un chorro de agua y con la caída sufre serias lesiones que lo mantienen hospitalizado.
Todo es lamentable.
Es lamentable, primeramente, que un joven vea afectada su salud y esté expuesto a consecuencias que puedan comprometer su vida o significarle graves secuelas. Es lamentable que ese joven se haya visto envuelto en incidentes que confirman la incapacidad de nuestra sociedad de plantear civilizadamente sus anhelos e inquietudes y que haya optado por formas antidemocráticas y violentas.
Es lamentable que muchos, incluyendo autoridades y medios de comunicación, hayan renunciado anticipadamente al análisis serio de las circunstancias en que ocurrieron los hechos y se ataque la labor de Carabineros y se les condene por una accidental consecuencia del cumplimiento de la obligación de resguardar el orden y seguridad de la mayoría de los chilenos.
Es lamentable que estemos viviendo una inquietud generalizada por el caos que azota a varias regiones del sur de nuestro país en el mal llamado conflicto mapuche, por el incremento a niveles desconocidos de frecuencia, agresividad e impunidad de los ataques de delincuentes contra las personas y propiedades, y que no se aprecia ni convicción ni decisión de parte de las instancias judiciales y políticas en orden a rechazar la violencia.
Es lamentable, además, que en este caso los platos rotos no los pagó nuestro compatriota virtual Moya, sino que un hombre de carne y hueso: El sargento de Carabineros Manuel Noya, quien, cumpliendo su deber, de esos deberes que se desempeñan encerrados en un carro agredido con pedradas, palos, bombas incendiarias y hasta balazos, que debe tomar decisiones en fracciones de segundo, zamarreado por las bruscas maniobras del "guanaco", comete la falta de haber alcanzado con un chorro de agua, no a un manifestante, sino que, para él a lo menos, a un participante en graves disturbios.
Una última y no menor lamentación es por la muerte de una ilusión, aquella que surgió de lo que sería un renovado Ministerio del Interior que ayudaría a volver a la lógica de deberes y derechos y se plantaría firme frente al caos. Si bien es temprano para juzgar, parece que el bullado "respaldo absoluto" a Carabineros se da en un contexto de un irracional e ilegal ultimátum para, en 24 horas, concluir forzosamente en la responsabilidad de la institución y traer varias cabezas a la guillotina y así calmar a los que ahora vociferan indignados, pero que nada han dicho ante las decenas de Carabineros agredidos, apedreados, ultrajados y baleados en éstos y otros incidentes del último tiempo.
Los lamentos abren espacio a la indignación cuando vemos que, en vez de actuar con el derecho y combatir la ilegalidad generalizada que está destruyendo nuestro país, se opte por tratar de comprar a los violentistas y ceder cada día más ante demandas irracionales. Por ello no me extraña que hoy, más que nunca en 37 años de trabajo profesional, estoy recibiendo tantas consultas sobre empresas que quieren salir del país y cambiar su domicilio legal al exterior.