Es mala y no tiene vuelta

Susana Jiménez

Prestigiosos investigadores en el mundo han estudiado las características que distinguen a los países desarrollados. En general, lo más relevante son las instituciones sólidas, con balances y contrapesos, la promoción de la libre competencia, la apertura comercial, el Estado de derecho, la protección de la propiedad y la educación de calidad. ¿Qué nos ofrece la propuesta constitucional en estas materias?

El texto plantea un sistema político sin contrapesos suficientes, ya que otorga una peligrosa preeminencia al Congreso de Diputados y Diputadas, disminuye las atribuciones de la segunda cámara y restringe el rol de la justicia constitucional, eliminando el control preventivo de ley. Igual de grave es la modificación del Poder Judicial. Este pierde mucho más que su nombre, pues se politiza y desintegra en varios sistemas paralelos, sacrificando lo más sagrado de toda democracia: la igualdad ante la ley. El Estado de derecho se debilita con la supresión del estado de emergencia, un instrumento imprescindible para restablecer el orden y la seguridad.

“Ojalá podamos escribir una nueva Constitución, pero una que reconozca la importancia del desarrollo social y económico para poder satisfacer las demandas ciudadanas que pusieron tantas esperanzas en este fallido proceso constituyente”.

Al Banco Central, clave para mantener la estabilidad monetaria, se le plantean objetivos confusos y se le agrega un factor de incertidumbre con la posibilidad de destituir a sus integrantes. La disciplina fiscal se ve también desafiada por la eliminación de la iniciativa exclusiva del Presidente en materia de gasto, la creación de empresas públicas y el aumento de la deuda por decisiones locales. En materia de competencia, el texto promueve el desarrollo de actividades económicas por parte del Estado, en algunos casos de forma exclusiva y sin quedar sujeto a las reglas que rigen la iniciativa privada. Además, introduce definiciones confusas en delitos contra la competencia, elimina a los economistas del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y afecta a la herramienta clave para desbaratar colusiones, como es la delación compensada.

En política exterior, tan relevante para impulsar la competencia y asegurar el acceso a bienes de menor costo, se declara, incomprensiblemente, a favor de América Latina y el Caribe como zona prioritaria.

En materia ambiental, se crea una ficción jurídica, al otorgarle derechos como sujeto a la naturaleza, dificultando el desarrollo de proyectos compatibles con el resguardo del medioambiente. Por último, pero no menos importante, todo el ordenamiento económico (propiedad, libertad económica, nacionalización de empresas, impuestos, etc.) podría modificarse por leyes aprobadas por simple mayoría de los parlamentarios presentes en sala.

El derecho de propiedad, otra víctima del borrador constitucional, se precariza. En el caso de expropiación, la indemnización queda a merced de un valor tan impreciso como el “precio justo” y no se asegura el pago al contado, lo que puede diluir su valor en el tiempo. A ello se suma la insólita exclusión de la protección de la propiedad industrial.

Finalmente, en materia de educación, otro factor clave para el desarrollo, no hay ninguna propuesta que asegure una mayor calidad. Por el contrario, existe un claro mandato en favor de la educación pública en desmedro de la particular subvencionada, y se genera una fuerte incertidumbre para la creación de nuevos proyectos educativos.

No es difícil concluir que la propuesta constitucional es mala y no tiene vuelta. Cabe esperar que podamos escribir una nueva Constitución, esta vez, una que reconozca la importancia del desarrollo social y económico para poder satisfacer las demandas ciudadanas que pusieron tantas esperanzas en este fallido proceso constituyente.