En pensiones, una reforma que funcione y logre ser aprobada

Ingrid Jones y Pablo Eguiguren

Esta semana se presentó el tercer intento de reforma al sistema de pensiones en cinco años. Los trabajadores, empleadores y el mercado de capitales requieren que esta vez sea la vencida, para despejar una de las causas de la incertidumbre que sufre nuestra economía.

Eso no será fácil en los términos que impuso el Gobierno. Cinco bancadas de diputados ya notificaron a La Moneda que no apoyarán un proyecto que no considere que la totalidad de los ahorros adicionales vaya a las cuentas individuales y que no permita libertad de elección de gestores y modalidades de pensión. Esa demanda choca con la propuesta del Gobierno que no considera elección para el 6% (todo irá a un ente estatal), parte de esos recursos irán íntegramente a reparto y otro porcentaje será un “vale por” del que no conocemos, entre otras cosas, qué rentabilidad otorgará a los trabajadores. Ningún peso de esos recursos será heredable, como también pidieron esos diputados.

“El complejo sistema que propone el Gobierno -que seguramente significará judicializar la reforma en Chil y afuera-, dificultará su tramitación y, por ende, su posibilidad de éxito”.

El complejo sistema que propone el Gobierno -cuentas nocionales, subsidios inter e intra generacionales, reformar el IPS, fin al retiro programado, y terminar con las AFP-, que seguramente significará judicializar la reforma en Chile y en el extranjero, dificultará su tramitación y, por ende, su posibilidad de éxito. Sobre todo, considerando que la ciudadanía tiene una posición contraria a la de La Moneda y lo hará sentir a sus representantes en el Congreso.

Hay un amplio acuerdo en la necesidad de mejorar las pensiones, especialmente para los sectores de clase media y las mujeres (la PGU resolvió parte importante del problema para las personas de menores ingresos). Para que efectivamente haya una reforma, proponemos un proyecto más simple, pero que se haga cargo de las preocupaciones de la población.

En primer lugar, toda la cotización adicional debe ir a cuentas individuales de manera que esos recursos sirvan para aumentar las pensiones. Así se evita crear un impuesto al trabajo y afectar un mercado laboral que ya muestra signos de desaceleración. En este sentido, un estudio de ClapesUC estima que podrían destruirse hasta 150 mil empleos si los seis puntos adicionales de cotización se terminan percibiendo como un mecanismo de reparto. Ahí, el hecho de que el Gobierno haya planteado que el aumento de las pensiones será inmediato, pese a que el aumento de la cotización será gradual, alimenta la idea de que el esfuerzo personal irá a financiar las pensiones de otros.

En segundo lugar, los incrementos de la PGU comprometidos por el Presidente Boric deben favorecer mayormente a las mujeres, de modo de eliminar las brechas de género en las pensiones. Tercero, deben incluirse elementos que permitan mayor competencia en la industria, sin que ello signifique crear un monopolio estatal. Finalmente, es necesario reducir las lagunas -ahí la propuesta de usar el seguro de cesantía va en la línea correcta-, y posponer e igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres.

En el actual contexto político, una propuesta como la descrita tiene más opciones de ser aprobada en el Congreso y, lo más importante, de generar mejores pensiones para la ciudadanía.